Tal como informara la semana pasada LUJANHOY, dos ciudades muy cercanas como Luján y Pilar atraviesan en este momento dos realidades diferentes respecto del funcionamiento de las centrales termoeléctricas. Sucede que mientras en nuestra ciudad la Central Termoeléctrica de Araucaria Energy continúa en funcionamiento a pesar de no contar con la rezonificación que habilita su puesta en marcha, en Pilar el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) clausuró de manera “preventiva” las firmas APR y Araucaria, quienes instalaron sus plantas a fines de 2017 en Villa Rosa, en el límite con Matheu, partido de Escobar.

En ese momento, según señalaron fuentes del OPDS al diario Pilar de Todos, “Araucaria fue clausurada por ruidos molestos e incumplimiento del Certificado de Aptitud Ambiental, mientras que APR fue cerrada también de manera preventiva por incumplimiento de condicionamientos del Certificado de Aptitud Ambiental”.

Y ahora, el OPDS denunció ante la Justicia a una de las polémicas termoeléctricas por haber violado una clausura preventiva. Al respecto, el medio pilarense informó que se trata de Araucaria Energy, ubicada a la vera de la ruta 25 en Villa Rosa, en el límite con Escobar.

No obstante, desde ese mismo día vecinos de la zona, tanto de Villa Rosa como de Matheu (Escobar), denunciaron que las plantas seguían en marcha, sobre todo Araucaria, aunque otros vecinos aseguraron que sólo fue Araucaria la que violó la medida del OPDS.

En ese sentido, el organismo volvió a realizar un operativo en la zona para constatar la violación de clausura: “En APR estaba todo en orden, cuando fuimos, pero se constató la violación de clausura por parte de Araucaria, por lo que se denunció en la Justicia”, señalaron fuentes del organismo.

La presentación se habría radicado en la Fiscalía General de San Isidro el viernes pasado, y desde allí se derivó a la Unidad Fiscal de Instrucción N° 3 de Pilar.

“Las usinas de APR y Araucaria fueron siempre rechazadas por los habitantes de la zona, ya que se radicaron, por medio de un polémico cambio de zonificación de la mayoría del Concejo Deliberante en un área rodeada de espacios residenciales, comercios y colegios”, señaló Pilar de Todos.

Y agregó que “los ruidos molestos, que comenzaron a hacerse sentir en octubre del año pasado, además de grandes vibraciones, fueron uno de los puntos que encendió la voz vecinal, pero además exponen que los motores hacen un uso intensivo del agua de pozo, lo que podría secar las napas, acopian millones de litros de gasoil, utilizan redes de gas de alta presión y emanan al aire gases potencialmente dañinos”.

Para controlar las emisiones de ruido, el OPDS instalará una guardia permanente durante un mes aproximadamente en el área, con mediciones durante las 24 horas, para determinar el impacto sonoro que generan en la zona.

Si bien las firmas fueron emplazadas a que realicen medidas que mitiguen los ruidos, estas acciones, aseguran los vecinos, “no sirven para nada”.

La Municipalidad de Pilar la clausuró

A su vez, tal un fuerte reclamo vecinal, la Municipalidad de Plar clausuró este miércoles la termoeléctrica de Araucaria Energy.

En horas de mediodía, personal del Cuerpo Único de Inspectores de la Comuna, junto con Guardia Urbana y Policía, llegó a las puertas de Araucaria y constató que estaba en funcionamiento e incluso inyectando energía a la red, es decir no se trataba de una prueba (que además no habría sido notificada) por lo que procedió a cerrarla.

“La empresa no estaba en proceso de prueba, sino que estaba proveyendo de energía a la red, algo que no corresponde ya que aún no tiene habilitación de nuestra parte”, señalaron fuentes del Municipio a Pilar de Todos.

“Las empresas van a funcionar siempre y cuando cuenten con todos los requisitos y sean aptas desde lo ambiental. La clausura recayó sobre Araucaria, ya que APR no estaba en funcionamiento”, añadieron fuentes del gobierno de Ducoté.

Los vecinos, en tanto, vivieron la medida como un logro, aunque insisten en que las plantas deben ser trasladadas a zonas industriales, ya que son de categoría 3, y no deberían funcionar en áreas cercanas a viviendas particulares, escuelas o comercios, como ocurre ahora luego de un polémico cambio de zonificación de la mayoría del Concejo Deliberante.