Jeremías Rodríguez, abogado y referente en Luján de la Coalición Cívica ARI.

La polémica en torno a la construcción de viviendas sociales en el barrio Santa Marta para las familias inundadas continúa. Ahora, Marcela Campagnoli, diputada de la Nación por la Coalición Cívica ARI, envió una nota al administrador general del Instituto de la Vivienda de la povincia de Buenos Aires, Ismael Passaglia, “con el objeto de solicitarle tenga a bien proveerme la información respecto del proyecto de viviendas sociales que se encuentran construyendo en el barrio Santa Marta de la ciudad de Lujan”.

En este sentido, la legisladora nacional pide que se le informe “cuántas viviendas se proyectan construir, plazos, obras a realizar, fecha de inicio del proyecto, ejecución y finalización”. Además, solicita los datos de la “nomenclatura catastral, matricula y partida inmobiliaria del inmueble donde se está llevando a cabo la construcción de dichas viviendas, nombre de los propietarios y estado de los planos de subdivisión. Y toda medida judicial que pese sobre este o sus titulares”.

En el tercer punto del escrito, Campagnoli reclama información sobre “cuántas casas se encuentran finalizadas, en qué fechas fueron entregadas y cuántas familias se encuentran habitando las mismas y condiciones de habitabilidad de las mismas”.

A su vez, pide a Passaglia conocer “la persona a cargo del proyecto a nivel municipal. Y de haber un convenio con el Municipio, me remita copia” Y también que se informe “si se han enviado partidas de dinero al Municipio en cuestión, en qué fechas y montos”.

Por último, en su pedido de acceso a la información pública la diputada nacional solicita saber “qué empresa se ha contratado para la construcción de las viviendas”.

Los cuestionamientos

“Lo que estamos consultando es por qué en 2015 se hizo un consorcio urbanístico sobre un lote que estaba hipotecado, embargado, con dueños fallecidos, sucesiones sin terminar y herederos inhibidos. Por lo tanto, desde el vamos ya no deberían haberse construido allí, en esos lotes, las viviendas. Y después están las irregularidades conocidas, que prometieron 202 viviendas para 2016 y estamos en 2019 y hay 60 muy mal hechas, sin revestimientos”, apuntó en diálogo con LUJANHOY el abogado Jeremías Rodríguez, referente en Luján de la Coalición Cívica ARI, quien el fin de semana compartió con este medio la presentación que realizó el viernes 5 de abril la diputada Campagnoli.

Respecto de la situación dominial, sostuvo que “a fin del año pasado yo tenía un informe de dominio y las tierras seguían siendo privadas, pertenecientes a Orlando Bianchi y Olda Rodríguez de Bianchi. Y también aparecen José Bianchi y Ricardo Macarrone, que falleció y está la heredera, Claudia Macarrone. Siguen apareciendo los informes de dominio a nombres de ellos. Y tampoco se entiende cómo el Instituto de la Vivienda envía dinero para construir viviendas sociales, con fondos públicos, sobre un lote privado”.

En esa línea, agregó que “son muchas las irregularidades. Por ejemplo, Francisco Pasini representa como abogado a Silvana y Claudio Bianchi, los sucesores de Orlando Bianchi, que es el dueño del lote y está fallecido. Y ahí hay una incompatibilidad porque es subsecretario de Control Urbano”.

Por su parte, consideró que “es muy importante aclarar que el consorcio habla de 216 parcelas para un plan de vivienda único tipo ProCreAR. Pero ese plan de viviendas se ocultó siempre, nunca nadie supo nada. Hay empresario que levantó las medidas cautelares y hay dos martilleras que vendieron esas parcelas y ya le dieron de baja a sus matrículas”.

“Nuestra sospecha es que se utilizó a los inundados para enmascarar un negocio inmobiliario privado, porque era justamente un lote que iba a remate y se levantaron las medidas, se pasaron calles, alumbrado, cloacas y planta depuradora. Y a cambio, negociaron 216 parcelas que eran para el Plan ProCreAR y las vendieron en forma privada”, completó Jeremías Rodríguez.