El intendente brindó esta mañana un informe del estado de situación del Municipio y, en ese marco, comunicó que declaró la Emergencia Económica, Financiera y Administrativa hasta el 30 de junio de 2020. En esta nota, los alcances de una medida que “tiene por finalidad el ordenamiento de la administración municipal, la regularización de los servicios y el cumplimiento de las obligaciones”, entre otras metas.
Este sábado por la mañana, tal como informara LUJANHOY, el intendente Leonardo brindó un informe del estado de situación del Municipio en cada una de sus áreas. Y frente a la crítica situación en la que se encuentra, anunció que decretó la Emergencia Económica, Financiera y Administrativa hasta el 30 de junio de 2020.
En el decreto, que lleva la firma del intendente Leonardo Boto y del secretario de Economía y Finanzas, Ignacio Pedotti, se señala que “la medida dispuesta tiene por finalidad el ordenamiento de la administración municipal a cargo del Departamento Ejecutivo y la progresiva regularización de los servicios, el cumplimiento de esenciales obligaciones asumidas por el Municipio y no cumplidas, el pago de la deuda legítimamente constituida, el saneamiento de las finanzas, la aplicación de criterios de racionalidad y transparencia en el manejo de los fondos públicos y la obtención de metas satisfactorias en materia de obras, servicios y demás funciones municipales”.
A su vez, se dispone “el cese de todo el personal de carácter político o que se revista en el agrupamiento ‘personal superior’, designado con anterioridad al 10 de diciembre de 2019 y que -por la razón que fuere- permanezca en funciones con posterioridad a esa fecha, con excepción de aquellos funcionarios para cuya remoción las leyes establezcan procedimientos especiales o de los actos administrativos que individualmente pudieran dictarse”.
Por otra parte, se impone “una severa restricción de toda adquisición o gasto de cualquier naturaleza que no resulte imprescindible para la prestación de los servicios elementales”. Aunque esta limitación no incluye los insumos destinados a la salud ni los de carácter alimentario.
Asimismo, somete “a revisión los convenios, contratos de locación u otros suscriptos por el Municipio” y también “los procedimientos de contratación referidos a obras públicas o prestación de servicios públicos por terceros, concesiones o adquisición de bienes”. En todos estos casos, el objetivo es “evaluar su continuidad, resolución, rescisión, reformulación u otras alternativas jurídicamente viables”.
La medida también dispone “el inicio automático de todos los trámites de jubilación para todos y todas las agentes municipales que se encuentren en condiciones por edad y años de aporte de iniciar el trámite respectivo de jubilación desde el 1 de enero de 2020”. Y además, “el congelamiento de los salarios de todo el personal superior del Departamento Ejecutivo por el término que dure la Emergencia”.