Esta semana, desde el Concejo Deliberante de Luján se formuló un proyecto de adhesión y beneplácito al protocolo de la Ley de Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
Al respecto, la concejala Carolina Francia dijo que “su cumplimiento es fundamental para que pueda traducirse en política pública integral en la coyuntura local donde los derechos puedan materializarse, se concreten y lleguen a toda la ciudadanía”.
Francia también destacó que varios profesionales de Atención Primaria de la Salud hace tiempo vienen trabajando en la temática desde la Perspectiva de Género, con expectativa de seguir ampliando este derecho en Luján.
En ese sentido, sostuvo que “no podemos negar que existen obstáculos por la deficiencia estructural que viene acarreando nuestro sistema de salud hace varias décadas, pero tenemos la voluntad política para que la ILE se trabaje de la mejor y más eficiente forma en nuestra localidad”.
Adhesión de la Provincia
La semana pasada, el gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó su adhesión al protocolo nacional de Interrupción Legal del Embarazo. Una resolución conjunta publicada en el Boletín Oficial, firmada por el ministro de Salud, Daniel Gollán, y la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz, establece que “la adopción de esta política sanitaria se propone guiar y acompañar el trabajo de las instituciones y de los equipos de salud con lineamientos unificados, claros y actualizados”.
Tal como recordó Infobae, el protocolo, una guía de los casos en que se puede interrumpir legalmente un embarazo por tratarse de un riesgo físico y psicológico para la salud, había sido publicado en el Boletín Oficial el 22 de noviembre del año pasado con la firma del exsecretario de Salud, Adolfo Rubinstein. Sin embargo, al día siguiente fue vetado por el entonces presidente Mauricio Macri.
Tras la adhesión, el ministro Gollán indicó que cuando el Congreso nacional “debata la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) tendremos también las herramientas que nos permitan avanzar en otros derechos que hoy nos siguen costando innecesariamente la vida de mujeres pobres que no pueden acceder a un aborto seguro”.
En tanto, la ministra Díaz dijo que “la guía legisla sobre el procedimiento sanitario para atender las excepciones de aborto que contempla el Código Penal en su artículo 86 inciso 1 y 2, una legislación de 1921”, por lo que analizó que “no estamos innovando, sino que establece qué procedimiento hay cuando el aborto conlleva un problema para la salud o la vida de la mujer o en los casos de una violación”.
A su vez, explicó que los profesionales de la salud pueden hacer uso del derecho de la objeción de conciencia pero de modo “individual”, ya que “las instituciones de salud pública deben garantizar el acceso a las interrupciones legales del embarazo”.
