Foto: Facebook Defensoría de Géneros Luján

El 30 de marzo, las Defensorías de Géneros llevaron adelante una Jornada de Lucha en Cuarentena denominada “Yo también denunciaría a mi vecino golpeador”. En ese momento, señalaron que “desde que comenzó la cuarentena, y hasta el comienzo de esta campaña, ya suman 13 los femicidios y más de 80 durante los primeros meses de 2020. Sólo la movilización puede frenar este genocidio de mujeres, lesbianas, trans y travestis”.

Y a raíz de esta campaña, la Defensoría de Géneros Luján elaboró un comunicado titulado “La violencia machista en tiempos de coronavirus”, donde remarcaron que continúan “en alerta, realizando acompañamiento a personas afectadas por la Violencia de Género durante la cuarentena social obligatoria”.

“Denunciamos que desde el comienzo de esta etapa de aislamiento, la situación no hizo más que agravarse con respecto a lo que veníamos transitando las compañeras en Luján, que todavía no obtenemos respuestas tendientes a priorizar un abordaje integral de la violencia por parte del Estado municipal”, apuntaron.

“La Comisaría de la Mujer y la Familia, uno de los organismos que recibe las denuncias, se encuentra sin personal a cargo. Las mujeres que se acercaron a denunciar fueron interrogadas por personal de la Comisaría Luján Primera, a modo de filtro que es, bajo todas las lecturas de la ley 26.485, ilegal por tratarse de una práctica revictimizante”, añadieron.

A su vez, expusieron que “el área de género local fue rejerarquizada a finales del año 2019 (pasó de ser una Subdirección a una Dirección), lo que significaría un mejoramiento en la asignación de partida presupuestaria. Sin embargo, este hecho no resultó ser un salto de calidad en la gestión de recursos y herramientas de prevención y actuación frente a la problemática. Muy por el contrario, la improvisación y la precarización en el área creció. Estamos en condiciones de afirmar que en Luján no hay perspectivas de un plan de acción política para contrarrestar los efectos de la violencia machista”.

“Desde el comienzo de la pandemia, las oficinas de referencia funcionaron con horarios reducidos como casi todas las instituciones, no se pensó en un plan de contingencia institucional que facilitara el acceso a mecanismos de protección, promoción y prevención, tan oportunos antes y durante un contexto de crisis, dejando en completo desamparo a las mujeres de los barrios populares de nuestra ciudad. La situación se vio agravada por el corte abrupto en la entrega de alimentos que durante casi seis días mantuvo a cientos de familias al borde de la desesperación y aún hoy funciona con criterios de distribución discrecionales por parte de la Secretaría de Desarrollo Humano”, indicaron.

Y agregaron que “las actuaciones desordenadas estuvieron en consonancia con el tardío decreto del gobierno nacional, que por sugerencia del Ministerio de la Mujer y luego de 15 días de aislamiento, habilitó la circulación sin necesidad de permiso obligatorio para mujeres, lesbianas, trans y travestis, afectades por la violencia machista. Este decreto, como tantos otros, quedó subordinado a los criterios arbitrarios de la fuerza policial que en Luján (tanto como en otras localidades) impidió el acceso a la Justicia, argumentando que la orden era permanecer en el domicilio, desalentando y prohibiendo cualquier otro tipo de motivación urgente y sometiendo a las mujeres, disidencias, niños y niñas a seguir conviviendo con maltradores adentro de sus casas”.

En lo que respecta a las denuncias que recibieron a través de sus redes sociales, manifestaron que “debimos abordar situaciones tales como que los varones violentos utilizaran la oportunidad de la cuarentena para quitar derechos básicos de comunicación entre las madres con sus hijas e hijos; mensajes de mujeres en emergencia con los agresores armados dentro de los domicilios; amenazas telefónicas desde unidades penitenciarias a sobrevivientes de violencia; exigencias absurdas por parte de los agresores con medidas cautelares (hace tiempo) vencidas, que regresaron para que las exparejas le garantizaran un lugar donde vivir durante la cuarentena. A esto sumamos la negativa por parte de la policía a tomar denuncias y a realizar ‘rondines’ preventivos”.

Y ahora, frente al contexto de ampliación del aislamiento social, preventivo y obligatorio, exigieron la presencia del Estado y propusieron, entre otros puntos, “un llamado a la conformación de una mesa extraordinaria (utilizando tecnologías de comunicación), que involucre la presencia de organizaciones feministas, personas interesadas en el trabajo preventivo barrial, funcionaries y trabajadores del área, que atendiendo medidas correspondientes al aislamiento permita vehiculizar las demandas urgentes de nuestra comunidad”.

También solicitaron la “apertura de un canal alternativo de recepción local de denuncias, de excepción, no presencial, disponible durante las 24 horas para aquellas mujeres, lesbianas, trans y travestis que no pueden movilizarse. Reclamamos que las mismas sean continuadas ‘de oficio’ por los y las funcionarias del área de Géneros y Niñez, según corresponda. Atentos al Artículo 24 de la Ley 26.485 sobre la persona que podría realizar la denuncia: ‘Cualquier persona cuando la afectada tenga discapacidad, o que por su condición física o psíquica no pudiese formularla'”, citaron.

Además, reclamaron “asistencia económica de emergencia para quienes deban reacondicionar las viviendas que fueron vulneradas por los agresores, para el pago de alquileres, el acceso a la alimentación familiar y para atender las múltiples urgencias de la comunidad travesti-trans. Y asistencia psicológica en el marco del estado de excepción. Que la Dirección de Géneros arbitre los mecanismos y recursos materiales pertinentes para el acompañamiento y contención de mujeres, lesbianas, trans y travestis, a través de dispositivos alternativos para quien denuncia durante la cuarentena, para evitar la movilización hacia la zona céntrica”.

Por su parte, pídieron “comunicación fluida y articulación vinculada al avance de denuncias que requieran respuesta urgente del Estado: medidas cautelares tales como perimetrales, exclusiones o ceses de hostigamiento entre otras. Difusión de datos estadísticos que den cuenta de la forma en que fue ejecutado el presupuesto destinado a la Dirección de géneros desde el 10 de diciembre de 2019 hasta la fecha. Y publicación del organigrama correspondiente a la Dirección de Género y Diversidad, el área de Niñez y la Comisaría de la Mujer y la Familia, así como también la cantidad de trabajadores que se encuentran afectades a las distintas áreas y tareas”.

“La violencia machista también es pandemia y el Estado es responsable”, expresaron desde la Defensoría de Géneros Luján en el cierre del comunicado.