Crisis mundial
La pandemia parece inaugurar un nuevo tiempo. El coronavirus llegó en un momento histórico caracterizado por la sobreproducción y sobreacumulación de capitales, y donde la economía mundial avanzaba hacia una nueva recesión.
El periódico The New York Times, en su tapa del 27 de marzo, reflejó la terrible situación de la economía y el trabajo en los Estados Unidos a partir del crecimiento del COVID-19: “Las pérdidas de empleo se disparan. Se estima un desempleo récord”. Efectivamente en sólo tres semanas, entre el 20 de marzo y el 10 de abril, al menos 16 millones de trabajadores/as formales han perdido su empleo en el país del norte.
En este marco, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimó hace unos días que las “consecuencias de la pandemia pondrán en riesgo al 80% de la fuerza laboral en todo el mundo”. Mientras que para la Argentina las estimaciones de este organismo hablan de una caída de hasta 340 mil empleos (Mundo Gremial, 8/4).
Por estas horas, el mundo entero conoció las noticias sobre como en el gran polo industrial de Bérgamo ubicado en la región de Lombardía, el área de Italia más devastada por la pandemia, las presiones de los empresarios impidieron que el gobierno declare a la ciudad rápidamente como “zona roja”. Así, miles de obreras/os fueron expuestos al coronavirus, obligados a ir al trabajo sin las protecciones adecuadas hasta el 30 de marzo, es decir un mes después de conocerse los primeros casos de infectados en la provincia. Bajo el lema empresarial “Bérgamo no se detiene”, se produjo una masacre que la patronal no quiso evitar y el costo de las vidas humanas es hoy catastrófico (CTXT, 10/4).
El propio Fondo Monetario Internacional (FMI), a través de su directora Kristalina Georgieva, indicó que a causa de la pandémica la economía mundial entrará en la peor recesión desde la “Gran Depresión” de 1929. Además, Georgieva advirtió que regiones como “Latinoamérica, África o Asia tienen mayor riesgo” debido a sus frágiles economías, sistemas de salud, a la masiva salida de capitales y al permanente riesgo del default (RTVE.es/AFP, 9/4). Así, como siempre, los llamados “países emergentes” son los eslabones más débiles de la cadena.
En ese contexto de crisis mundial de la economía capitalista, donde las grandes corporaciones empresariales preparan una nueva ofensiva contra las y los trabajadores, cabe preguntarse: ¿Qué sucede en nuestro país? ¿Cuáles son las medidas que adoptó el gobierno nacional? ¿Qué hacen los gremios y las centrales sindicales? ¿Cuál es la respuesta de los propios trabajadores/as? ¿Cómo nos afecta la crisis? ¿Qué hacer? Las próximas líneas intentarán ensayar algunas respuestas iniciales a estos nodales interrogantes.
La situación en Argentina
La expansión del coronavirus ha desnudado la enorme fragilidad del sistema de salud en nuestro país y en la mayoría de los países. Del mismo modo, el COVID-19 expuso la gran precariedad existente en el denominado “mercado laboral” local: según datos oficiales publicados por el INDEC, hacia el segundo semestre de 2019 existían en Argentina cerca de 12 millones de trabajadoras/es registrados; mientras que alrededor de 5 millones de personas trabajan en la informalidad (empleo no registrado); en el último trimestre de 2019 la desocupación trepó al 8,9% (1,9 millones de personas en áreas urbanos); se impuso una marcada reducción del salario real entre 2015 y 2019 en el orden del 19,5%; por su parte el Salario Mínimo Vital y Móvil hoy es de $16.875, durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri se incrementó un 200%, empero durante ese lapso la inflación fue de casi 300%; y la Canasta Básica, que mide la línea de pobreza e indigencia, supera holgadamente los 40 mil pesos.
En Argentina el gobierno nacional, tomando nota de la crítica experiencia de países como España e Italia, decretó de manera temprana el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, a través del Decreto del Poder Ejecutivo Nº 297/20 del 19 de marzo.
Sin embargo, en los hechos el aislamiento preventivo no fue acompañado de una rápida y necesaria movilización de recursos y de medidas económicas “anti-cíclicas”. En este contexto millones de familias pobres y de trabajadores jubilados sufren la cuarentena en condiciones de miseria, hambre y hasta de riesgo sanitario. En las grandes barriadas populares del conurbano bonaerense los artículos de limpieza, el agua potable, los alimentos y elementos básicos de protección sanitaria son una suerte de “bien preciado”. La demora o directamente la falta de entrega de estos insumos básicos de parte del Estado, genera un gran riesgo para la toda población.
La pérdida de miles de puestos de trabajo es una realidad: “Techint, Mirgor, frigorífico Penta, Cinemark Hoyts, Avex Dánica, Vía Cargo, entre otras empresas, desvincularon personal. Otras, como las cadenas multinacionales de comida rápida, pagaron sólo un monto mínimo del salario, afectando a 25 mil trabajadoras/es. Otras empresas optaron por extender suspensiones previas” (Circulo de Formación Obrera, 10/4).
El Decreto presidencial (329/20) para restringir despidos y suspensiones llegó de manera tardía y con un contenido absolutamente limitado. Sin carácter retroactivo (es decir desde el inicio de la “Emergencia Sanitaria”), el decreto dejó una ventana abierta para las suspensiones individuales y colectivas. Así, por estos días “son cada vez más las empresas y los sindicatos que negocian suspensiones o reducciones de sueldo y personal” (La Nación, 13/4). Bajo este cuadro, en las últimas horas el gobierno de la provincia de Buenos Aires dio una clara señal política. Ante el conflicto desatado en el frigorífico Penta (Quilmes), el gobierno de Axel Kicillof decidió reprimir a los trabajadores mientras reclamaban en la puerta de la empresa por la pérdida de sus puestos de trabajo.
Muchas patronales, entre ellas el propio Estado, aprovechan la pandemia para ensayar nuevas formas de trabajo que implican la imposición de mayores condiciones de flexibilización y controles laborales, como por ejemplo la implementación del llamado “trabajo a distancia o teletrabajo”. Lo que sucede por estos días en todos los sectores docentes, tanto en los ámbitos provinciales de escolaridad obligatoria como en las universidades nacionales, es una clara muestra de esta situación donde se impuso la virtualización forzosa de las tareas de docencia desde los hogares, sin mediar siquiera instancia paritaria o de negociación colectiva alguna donde se discuta, entre las partes, la viabilidad de esta nueva condición laboral. En líneas generales, salvo honrosas excepciones, los principales sindicatos docentes nacionales y provinciales como CTERA y SUTEBA permanecen en el más absoluto y cómplice silencio.
Por su parte, los principales gremios del sector privado (UOCRA, SMATA, UOM, Camioneros, etc.) y las centrales sindicales actúan bajo una línea de total subordinación política al gobierno nacional de Alberto Fernández y en clara connivencia con el ajuste de las patronales, mostrándose así como verdaderos engranajes de un sindicalismo completamente burocratizado, ajeno a los intereses y necesidades más elementales de la clase obrera en su conjunto.
Sin embargo, durante las últimas semanas se registran una importante cantidad de procesos de lucha que están llevando adelante trabajadores/as de distintos sectores contra sus patronales, para garantizar su salud y seguridad durante la pandemia: salud (hospitales públicos y clínicas privadas), repartidores precarizados/as, alimentación, del sector del carne, el sindicato nacional del neumático (SUTNA), los docentes de Tierra del Fuego (SUTEF) y los ferroviarios de la línea Sarmiento, entre muchos otros.
Por último, es claro que ante la continuidad de la crisis sanitaria y económica la presión empresarial sobre los gobiernos y las conducciones sindicales aumentará cada día. Intentarán que seamos, una vez más, las/os trabajadores quienes paguemos el costo de la depresión económica a través de despidos masivos, suspensiones, reducciones salariales y mayor flexibilización. Empero, ante esta situación de emergencia más que nunca es imprescindible que los trabajadores/as, a través de la auto organización colectiva, tomemos la cuestión de la vida y el trabajo en nuestras propias manos. Los tiempos se aceleran y ya no se puede esperar más. Evitemos que, como narran las crónicas de Bérgamo, una nueva “masacre patronal” suceda.
Columna de opinión: * Por Patricio Grande, docente de la Universidad Nacional de Luján
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