El sábado se difundió el pedido de búsqueda de una joven de 20 años que tras retirarse el viernes de su casa no había regresado. Sin embargo, ese día al mediodía afortunadamente apareció sana y salva. Pero por la noche, desde el Ministerio Público Fiscal del Departamento Judicial Mercedes informaron a través de un comunicado que “al constatarse que no había sido víctima de ningún tipo de delito, desde la UFI N° 9 se determinó dar intervención al Juzgado Federal por infracción al Artículo 205 del Código Penal, iniciándose la correspondiente causa penal por incumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio“.

Ante esto, tal como informara LUJANHOY, organizaciones feministas como la Defensoría de Géneros Luján e Isadora Mujeres en Lucha, espacios políticos como Izquierda Socialista Luján y hasta la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad, plantearon su posición frente a esta situación.

Mientras que este martes cerca del mediodía, mujeres, lesbianas, trans y travestis autoconvocades de Luján se hicieron presentes en la Fiscalía y realizaron una presentación para pedir la nulidad de la causa penal por incumplimiento de la cuarentena contra la joven de 20 años.

En el petitorio, que cuenta con 400 firmas, exigen que “se desestime la imputación a una joven de nuestra ciudad y que la Fiscalía difundió de manera irresponsable y violenta a través de los medios de comunicación, provocando una justificación simbólica, un ‘broche de oro’ a la enorme violencia que se desató contra ella desde el momento en que da con su paradero y se hace público”.

En ese marco, solicitan que “se respete su derecho a ser escuchada en el marco de la ley 26.485 e intervenga, en lo inmediato, un equipo interdisciplinario que lleve adelante una entrevista con todas las garantías de una persona que no se encontraba de ningún modo violando el aislamiento social y obligatorio.

Además, reiteran “el pedido de celeridad en la enorme cantidad de causas de violencia de géneros en sus múltiples expresiones”.

Por su parte, brindaron algunos datos alarmantes: “En nuestro país, cada 28 horas una mujer es víctima de femicidio y las estadísticas registran decenas de situaciones de abuso sexual a diario. Estos datos, que reflejan un piso de vulnerabilidad irrefutable, generan la necesidad de realizar denuncias tempranas y búsquedas que se anticipen a un hecho que signifique la pérdida de una vida. Cuando una de nosotras que aparece sana y salva, consideramos que hay que vitorear que esté viva y priorizar que sea asistida de forma inmediata por las dependencias estatales que abordan estas situaciones”.

Es por ello que repudiaron “el accionar de UFI Nº 9 a cargo de la doctora Mariana Suárez, que ha tomado lo que consideramos una decisión política al castigar la aparición con vida de una mujer utilizando como evidencia fundamental una publicación en redes sociales que, aún si se comprobara su autoría, es insuficiente para proceder a la imputación. A esto, se suma la lectura de forma aislada del contexto de estrés que produce el haber sido reportada como desaparecida por sus convivientes (con la foto de su rostro viralizado) y sin la pertinente entrevista mediante”.

Respecto de la imputación, apuntaron que, “sin lugar a dudas, actúa como advertencia y criminaliza a todo el colectivo de mujeres y disidencias, ya que este accionar deja al descubierto la lentitud y la burocracia con la que se actúa en las denuncias por violaciones grupales, abuso sexual, incumplimiento de perimetrales y todo tipo de violencias”.

Sin embargo, más allá del repudio, remarcaron que “como población en riesgo que somos las mujeres y disidencias, solicitamos a la señora Fiscal que se expida de oficio y públicamente -tal cual lo hizo el día sábado 27 de junio de 2020 en los medios locales de Luján- acerca de todas las causas donde las mujeres y disidencias no obtuvieron similar desenlace y fueron violentadas, abusadas, violadas. Y que aún después de haber transcurrido muchos meses e incluso años, todavía no se ha expedido la Justicia”. Y en este sentido, adjuntaron a la presentación “los nombres de las personas con causas abiertas que consienten su visibilización y solicitan respuestas”.

Asimismo, consideraron que “siendo la fiscalía parte del Estado y siendo el Estado el que debería no sólo alentar a realizar denuncias de desaparición de mujeres lo más temprano posible, sino investigar las circunstancias que rodean a la misma, no corresponde de ningún modo que se utilice la ley para castigarnos -con el agravante que tiene que la respuesta sea punitivista y llegue en tiempo récord-, ya que esa postura reproduce y legitima un discurso de odio hacia un grupo poblacional cuyos derechos se encuentran sumamente vulnerados y por los que brega en todos sus artículos la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”.

Por último, enfatizaron que “ni una menos exige un accionar judicial inmediato y sin responsabilizar a las víctimas por su situación. Ni una menos exige preservar la identidad de las víctimas y no de sus abusadores, golpeadores o incitadores a la violencia. Ni una menos exige no habilitar el sentido común mediático que reproduce la misoginia y el machismo”.