En medio de la pandemia, en el marco de las medidas de aislamiento que nos impiden salir de nuestras casas, con el funcionamiento mermado de las instituciones por las restricciones sanitarias, el gobierno pretende que el Congreso apruebe una ley de reforma de la Justicia. La principal impulsora del proyecto es la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la misma que afronta numerosas causas vinculadas con hechos de corrupción durante sus mandatos como presidenta.

Desde varios puntos es cuestionable la iniciativa gubernamental.

En primer lugar, este proyecto no implica una transformación cierta que nos brinde a los argentinos la expectativa de obtener un mejor servicio de justicia. Esta es una de las funciones esenciales e indelegables del Estado, y está a cargo de uno de los tres órganos estatales, el Poder Judicial. Cualquier modificación sobre la integración y composición de la Justicia debería procurar, como finalidad principal, mejorar la accesibilidad de la ciudadanía a los tribunales, lograr eficiencia en su funcionamiento, garantizar la independencia de los magistrados y, con todo eso, contribuir al logro de decisiones justas y oportunas por parte de los jueces. La creación de nuevos juzgados y la ampliación del número de integrantes de determinados tribunales en sí mismas son medidas accesorias, que no inciden en el logro de esos objetivos.

También es cuestionable el contexto en el que el presidente Alberto Fernández impulsa esta propuesta. Como señalara al principio, las restricciones impuestas como consecuencia de la pandemia por COVID-19 impiden un amplio, plural y participativo debate. El gobierno nos ha pedido que nos quedemos en nuestras casas, cuidándonos a nosotros mismos y al conjunto de la sociedad. Y parece ahora querer aprovechar este marco de desmovilización social para promover una medida a su conveniencia.

Por otra parte, no ha habido una consulta a expertos. La Argentina goza, afortunadamente, de la existencia de un número importante de jueces, ex jueces, docentes universitarios, académicos e investigadores que podrían ofrecer valiosísimos aportes en esta discusión. Y no solo desde el Derecho, sino incluso desde otras disciplinas en las que se piensa y trabaja en un mejor servicio de justicia. Esas voces no han sido atendidas desde el gobierno nacional.

Pero las objeciones más serias al proyecto presidencial son –y deben ser– políticas. Primero, porque sus impulsores tienen intereses personales en juego, comenzando por la propia vicepresidenta Fernández de Kirchner. Ella está siendo investigada en varios tribunales judiciales, en causas en las que incluso aparece como imputada. No es serio que quien se encuentra en esa condición tenga la posibilidad de definir las reglas de funcionamiento y la integración de los juzgados que luego puedan intervenir en esas causas. Solo la búsqueda de impunidad podría ser el motor de una maniobra de este tipo.

¿Impunidad para qué? Pues, sin dudas, para fortalecer un proyecto político hegemónico. Nadie nunca, guiado por un genuino espíritu republicano, pretendería aprovechar su lugar en un órgano del Estado para avanzar sobre facultades de otro. Daña al sistema institucional que el Poder Ejecutivo promueva un proyecto que impacte en la composición del Poder Judicial, y que sea impulsado y votado por la cabeza del Poder Legislativo, quien a su vez enfrenta procesos que son llevados adelante por esos jueces sobre cuyas atribuciones quiere legislar. La independencia e imparcialidad de esos magistrados es una amenaza para los intereses del kirchnerismo. Por eso quieren remover ese obstáculo, para no sufrir tropiezos en su búsqueda del poder absoluto. Eso es vocación hegemónica.

De la actividad de los jueces depende la plena vigencia de nuestros derechos sociales e individuales. Las decisiones judiciales impactan en la libertad y el patrimonio de los ciudadanos. No podemos permitir que esa búsqueda de impunidad y hegemonía pongan en peligro a la República.

(*) Fernando Casset es abogado, docente y periodista. En la actualidad es presidente del Comité Luján de la Unión Cívica Radical y concejal por ese partido en el Frente Juntos por el Cambio.

 

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