Tal como sucedió en febrero de este año, diversos organismos nacionales y provinciales, junto con autoridades policiales y funcionarios municipales, llevaron a cabo el martes pasado una nueva inspección en el Zoo Luján ante denuncias en redes sociales por presunto maltrato, ausencia de animales y hasta violación de algunos sectores que ya habían sido clausurados.
Y dos días después, desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, que lidera Juan Cabandié, comunicaron oficialmente que se “resolvió que el Zoológico de Luján no reanudará sus actividades al público tras la extinción del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la actual pandemia por Covid-19, vigente en el distrito donde se encuentra asentado, en función de no contar con una habilitación nacional y provincial, requisito indispensable para reanudar sus actividades, además de otras irregularidades e incumplimientos detectados, en materia de la normativa nacional y provincial que regula la actividad”.
Mientras que el viernes, el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, el intendente Leonardo Boto y el secretario de Control y Monitoreo Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Sergio Federovisky, enviaron una intimación a las autoridades del Zoo Luján.
En la misma, solicitan que “en el plazo perentorio e improrrogable de 72 horas, presente el plan de adecuación del Zoológico de Luján, al que se comprometió en la reunión mantenida en la sede del Municipio el día 18 de febrero de 2020”.
A su vez, recuerdan que con posterioridad a dicha reunión “se le remitió un documento con los estándares a observar en el proceso de reconversión”.
Y finalmente, señalan que “las circunstancias constatadas durante la última inspección, del día 25 de agosto próximo pasado, exhiben la imperiosa necesidad de tender a una lógica de organización y funcionamiento ajena a condiciones de crueldad animal”.
