El proyecto de Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal impulsado por el gobierno del Dr. Alberto Fernández, es un compromiso asumido ante los argentinos durante la campaña electoral del año 2019. En efecto, el por entonces candidato a Presidente del Frente de Todos manifestó la necesidad de introducir profundos cambios en el sistema judicial. Y el 1° de marzo del año en curso, ya en calidad de primer mandatario, ratificó esa decisión ante la Asamblea Legislativa en oportunidad de pronunciar el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional.

Sabemos que la justicia argentina transita uno de sus peores momentos históricos en su vínculo con la sociedad. Según una encuesta realizada recientemente por la Universidad de San Andrés, nueve de cada diez argentinos valoran negativamente al Poder Judicial. Para dar una idea de la pésima imagen de nuestra justicia, el trabajo de la mencionada casa de estudios señala que genera más rechazos que el Fondo Monetario Internacional.

Sin embargo, la oposición ha planteado que no es el momento indicado para impulsar la aludida reforma, argumentando que el Parlamento no debería estar tratando este proyecto en medio de la pandemia, que no se consultó a los expertos en la materia, que se intenta colonizar la justicia, que no le va a cambiar la vida a la gente, etc. Malas excusas, pero buenos ejemplos para ratificar una de las históricas diferencias que existen entre las fuerzas políticas que han gobernado el país en los últimos 80 años: mientras los opositores (léase el antiperonismo) dice, el gobierno (es decir el peronismo) hace.

Esta lógica nos obliga a descifrar quiénes son los verdaderos actores que ofrecen una feroz resistencia al proyecto de reforma judicial. En primer lugar, están los sectores del poder empresario y financiero, es decir los grupos económicos que se favorecieron con las medidas adoptadas por el gobierno de Cambiemos. Estamos hablando de los mismos grupos que vaciaron los bolsillos de los argentinos con los despiadados aumentos de la energía eléctrica, del gas, la telefonía, internet, los combustibles, los peajes, y otros tantos bienes y servicios que se concentran en pocas manos. A estos grupos no les conviene la reforma porque están muy cómodos con el actual sistema judicial.

La representación política de los aludidos sectores del poder económico, que ven peligrar sus intereses por los efectos de la reforma, la ejercen el PRO, la UCR y la Coalición Cívica, socios de la alianza antiperonista que entre 2015 y 2019 instrumentó el esquema de distribución de recursos más regresivo de nuestra historia, que dejó como saldo la desarticulación de la economía nacional y el empobrecimiento de millones de argentinos.

Y para potenciar las voces de los referentes de la oposición política, aparecen los comunicadores que -disfrazados de periodistas independientes y republicanos- ejercen su oficio en el seno de las más poderosas corporaciones mediáticas, que también forman parte de los sectores que ven peligrar sus intereses, y que en las últimas décadas contaron con la protección y los beneficios de magistrados siempre dispuestos a fallar en su favor, en algunos casos de manera casi obscena.

Esta sociedad conformada por los sectores del poder concentrado, la oposición política y los operadores de los grupos multimedios, que pretenden mantener intacto el actual esquema judicial, se han ocupado de instalar en la opinión pública que la reforma judicial tiene como único objetivo favorecer a la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y a partir de esa premisa, el discurso anti-reforma sostiene que se busca modificar la estructura de la Justicia Federal para armar tribunales a medida en los juicios pendientes contra la ex mandataria.

Entiendo que además de investigar los delitos contra la administración pública, la necesidad de reformar la Justicia Federal apunta a resolver -con mayor celeridad y eficacia- los casos de narcotráfico, secuestros extorsivos, trata de personas, contaminación ambiental, delincuencia organizada, contrabando, evasión y lavado de dinero, pero sobre estos temas no se los escucha decir una palabra ni a los referentes de Juntos por el Cambio ni tampoco a sus aliados de los medios de comunicación. ¿Acaso no lo hacen porque cuando se habla de contrabando, evasión y lavado de dinero enseguida pensamos en Macri?

A diferencia de las improcedentes reformas judiciales ejecutadas por el gobierno de Cambiemos, apelando al dictado de decretos para nombrar jueces de la Corte Suprema, para remover magistrados de un fuero a otro, para quitarle autarquía económica a la Procuración, o para modificar el Código de Procedimiento Penal, hoy la reforma se discute en el Congreso de la Nación, su ámbito natural, y las decisiones que se adopten sobre la materia estarán refrendadas por quienes representan legítimamente a todos los argentinos.

El fortalecimiento de la justicia es una deuda que debe saldarse para promover la construcción de un poder más igualitario, transparente e independiente, y verdaderamente comprometido con la defensa de los intereses y derechos de todos los argentinos. El gobierno nacional, a pesar de la pesada herencia que dejó el macrismo y la inédita crisis generada por la pandemia, está transitando el camino del cumplimiento de los compromisos.

(*) Carlos Gabriel Jurina es Licenciado en Ciencias Políticas, Concejal por el Frente Renovador en el Frente de Todos, Vicepresidente 1ro. del Concejo Deliberante de Luján, Docente de la materia Administración y Políticas Públicas en las Facultades de Ciencias Sociales y Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

 

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