Foto: LujanHoy

Este jueves, la Fiscalía de Luján comunicó sobre la desestimación y archivo de la denuncia que hiciera el concejal de Juntos por el Cambio, Héctor Griffini, contra Juan Pablo Redondo, director de Planificación y Evaluación de Políticas Públicas de la Municipalidad de Luján por “amenazas y agresiones”.

Tras recibir esta notificación, el funcionario municipal envió a los medios un descargo que compartimos a continuación:

Me resulta pertinente hacer esta aclaración, ya que Griffini realizó esta denuncia totalmente infundada con un único objetivo: generar una operación mediático-judicial-política, que se suma a distintas operaciones y exabruptos que conforman un dispositivo de horadación y desprestigio iniciado desde el 3 de Enero de 2020, día en que asumí funciones en el Ejecutivo Municipal.

Desconozco de dónde proviene el encono de Griffini (y también de otros concejales del mismo interbloque) hacia mi persona. Pero desde el primer día he sido blanco de agresiones vía redes sociales, operaciones mediáticas que por su inventiva generarían la envidia de cualquier guionista de ficción y adjetivaciones bastante particulares en el recinto (virtual) del Honorable Concejo Deliberante como la de la sesión del 24 de Agosto pasado.

Como ejemplos, hace unos meses presentaron un proyecto queriendo evacuar dudas sobre mi designación como funcionario cuando el artículo 67° de la Ley Marco Municipal les responde la consulta. Por otro lado, aseguran que fui empleado del Concejo Deliberante durante 2019 cuando solicitando cualquier nómina de ingresos laborales se verifica que eso nunca sucedió. Esto último debería ser sencillo de ubicar porque es su ámbito de trabajo. También, imaginan estructuras societarias inexistentes que con una simple consulta en el Boletín Oficial pueden ser verificadas. Con estos antecedentes, la presentación judicial de Griffini tenía un único destino: el archivo.

La resolución que desestima la denuncia describe la recepción de la declaración de la única testigo aportada “quién no escuchó amenazas de ninguna de las partes y tampoco presenció agresiones físicas”. Para luego dictaminar: “En consecuencia, habiendo efectuado un análisis de las constancias obrantes en la presente Investigación Penal Preparatoria, no surgiendo de ello(…) elementos de convicción suficientes que acrediten la perpretación del ilícito de amenazas, dispongo desestimar la presente”.

Esta denuncia falaz contó con un antecedente reciente, cuando en la sesión del 22 de Octubre pasado el Concejal Griffini utilizó una moción de privilegio en el Concejo Deliberante para solicitar, entre otras cosas, una resolución de repudio a mi persona por las supuestas “amenazas” y “agresiones” y una comunicación donde se instaba al Intendente Boto a educarme y luego a sumariarme, para desembocar en un pedido de renuncia al cargo. Estos pedidos se sometieron a votación y fueron rechazados por el Concejo Deliberante en su mayoría. En síntesis, la denuncia no prosperó ni en la Política ni en la Justicia simplemente porque lo denunciado no existió. Podemos seguir viendo y escuchando entrevistas donde se detallan situaciones que no existieron. Ahora con el veredicto de la Justicia, se espera que no sigan faltando a la verdad.

De todos modos, no me preocupa si estas personas quieren continuar con la difamación. Lo que sí preocupa es la creciente utilización de recursos de la Justicia por parte de sectores y actores políticos con el único objetivo de sacar ventaja política, intentando perjudicar a personas con las que no comulgan, para intentar lograr ese logro que no se logró en las urnas, para realizar operaciones mediático-judiciales que no tienen asidero y solo persiguen la condena pública por parte del ciudadano desprevenido, que es el objetivo de la campaña difamatoria.

Desde hace un tiempo, asistimos al desfile de denunciantes y la proliferación de denuncias inverosímiles que hacen perder recursos a la Justicia con el único objetivo de lograr impacto mediático. Basta solo con ver quiénes son los referentes nacionales y provinciales de estas personas para reconocer el modus operandi. Mentir, ensuciar y difamar con denuncias que luego son desestimadas pero eso no importa, porque (supuestamente) el daño está hecho. Todos los esfuerzos puestos en la construcción de una agenda basada en el escándalo, en detrimento del trabajo, los consensos y los aportes desinteresados.

A menudo, parecen no comprender que el tiempo que utilizan presentando una denuncia sin fundamento se lo están restando a la asistencia o a la resolución de situaciones reales de violencia o ilícitos varios, perdiendo los agentes judiciales horas de trabajo valiosas.

En tiempos difíciles como los que vivimos, es necesaria mayor responsabilidad y empatía. Y principalmente, estar a la altura de las circunstancias y ponerse a trabajar codo a codo en solucionar los problemas estructurales que aquejan a los vecinos y vecinas del Partido de Luján.