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El gobernador Axel Kicillof anunció que a partir de este mes las tarifas de electricidad en la provincia de Buenos Aires tendrán un aumento del 7%. Un incremento destinado a las distribuidoras Edelap, Edes, Edea, Eden, y también a las 200 cooperativas que proveen el servicio a más de 80 localidades.

En este sentido, desde la Multisectoriales en Red -que nuclea a organizaciones de Luján- apuntaron contra el incremento en el servicio de energía eléctrica y llamaron a los gobiernos provinciales a que escuchen a los usuarios y usuarias antes de decidir aumentos tarifarios. Y cuestionaron la falta de convocatoria a una audiencia pública.

“Resulta necesario señalar que tras cuatro años en que los argentinos hemos sufrido tarifazos con aumentos promedios del 2000% autorizados por la gestión de Macri y Vidal, el primer paso era avanzar y terminar con la revisión tarifaria integral, analizando las inversiones y ganancias obtenidas por las empresas”, señalaron a través de un comunicado.

En ese sentido, remarcaron que “el informe de la Subsecretaría de Energía Bonaerense es lapidario: a la vez que han tenido una tasa de rentabilidad de las más altas del mundo, ninguna de estas distribuidoras ha cumplido con las inversiones acordadas. Además, las cuatro distribuidoras se concentraron en un mismo grupo empresario, violando la normativa vigente”.

“Este festival de negocios en el que se vieron involucrados un puñado de empresas ligadas al gobierno de Cambiemos, trajo como contrapartida la quiebra de miles de industrias y comercios y el endeudamiento de millones de argentinos, junto a una fuga de divisas de dimensiones nunca antes vistas”, criticaron.

Y en esa línea, agregaron que “la convocatoria a una audiencia pública era la oportunidad excepcional para promover la participación popular en un tema de relevancia estratégica y poner en evidencia los desmanejos y negociados ocurridos durante los 4 años de gobierno de Macri y Vidal. La decisión del gobierno provincial de otorgar los aumentos sin esta instancia posterga el debate fundamental sobre las tarifas justas, razonables y accesibles que viene reclamando la ciudadanía”.

Además, expresaron que “estamos atravesando una etapa social y económica de las más graves de la historia argentina. A la crisis económica heredada, se le suma una pandemia mundial de imprevisibles consecuencias. Sabemos que el gobierno nacional y el provincial afrontan la tarea de negociar una deuda con los organismos internacionales a la vez que deben reconstruir una economía en ruinas. Muchos de quienes critican el rumbo de hoy han sido cómplices de la catástrofe neoliberal de ayer”.

En tanto, consideraron que “en esa ardua tarea de conciliar intereses, nosotros reafirmamos que la prioridad la deben tener los más afectados por la crisis. No se puede permitir el aumento de tarifas a empresas que han tenido ganancias siderales, sin antes haber resuelto el endeudamiento que tienen millones de argentinos producto de la estafa energética tarifaria causada por estas empresas. No se pueden otorgar aumentos sin que efectivamente se hayan recompuesto los ingresos populares”.

Por último, afirmaron que “el acceso al servicio público de electricidad es un derecho humano y, como tal, debe ser garantizado por el Estado. Trabajar en esta perspectiva implica el enfrentamiento del gobierno con los grupos económicos y mediáticos garantes del status quo. Empezar a revertir este esquema no es solo una tarea gubernamental. Implica llevar a cabo una amplia convocatoria a las multisectoriales, las asociaciones de consumidores y las distintas organizaciones sociales que componen el campo popular con el propósito de construir una nueva política tarifaria. Estamos a la espera”, concluyeron desde la Multisectoriales en Red.