Este lunes por la mañana, el precandidato a concejal de Juntos, Ignacio Castaños, presentó un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante que propone la creación de un organismo encargado de la prevención de conductas que, dentro del ámbito municipal, se consideren reñidas con la función pública, así como aquellas en las que se encuentre comprometido el patrimonio municipal.
“La creación de la Oficina Anticorrupción para la Gestión Municipal tendrá por objeto velar por la prevención e investigación de aquellas conductas antijurídicas y que contraríen con el cumplimiento de la función pública en la Municipalidad de Luján”, señalaron desde el espacio político.
En tanto, Castaños sostuvo que “desde nuestro lugar, defendemos la transparencia siempre. Por eso trabajamos en propuestas para darle fin a los actos de corrupción en Luján”.
Tal como detallaron, entre las funciones del organismo se encuentran “recibir toda denuncia formulada por particulares o agentes públicos, relacionadas con actos de corrupción y/o conductas que se consideren incompatibles con la función pública municipal; también podrá actuar de oficio; analizar y evaluar los hechos; denunciar ante el Poder Judicial los hechos que, como consecuencia de las actuaciones practicadas pudieran calificarse como delitos; intervenir y promover todo tipo de trámites o procesos judiciales o administrativos, tendientes a la recuperación del producto de la corrupción; elaborar programas de prevención de la corrupción y de promoción de la transparencia; proponer modificaciones a la legislación vigente, destinadas a combatir la corrupción”.
Además, Castaños agregó que “proyectos como este son muy importantes para que los vecinos sepan que no somos todos lo mismo, y que nosotros no somos indiferentes ante las actitudes contrarias a la transparencia, la moral, la buena fé, el orden público y los valores que defendemos”.
La Oficina Anticorrupción estaría a cargo de un titular, que actuaría como Fiscal de Anticorrupción Municipal y sería designado por el Concejo Deliberante, previo concurso público de oposición y antecedentes. El proyecto determina una duración en sus funciones de seis años, pudiendo ser reelegible por igual período una sola vez.
