En los últimos días surgió la polémica por un proyecto del Programa PROCREAR Universidades, que el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat impulsa en todo el país con el fin de fomentar el acceso a la vivienda familiar, tanto para trabajadores docentes y nodocentes, como para la comunidad en general.
Sucede que en nuestra ciudad la propuesta incluye la construcción de 350 viviendas en el predio de la Universidad Nacional de Luján. Y diversas asociaciones docentes y no docentes se expresaron de distinta manera al respecto.
Por un lado, desde la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Luján (ADUNLu) explicaron que en la Asamblea Extraordinaria de este viernes “se debatió sobre las diversas versiones y hechos recientes en torno al desarrollo de un plan de viviendas PROCREAR II en el campo experimental de la UNLu”.
Y añadieron que se resolvió por unanimidad “rechazar cualquier proyecto de privatización que afecte el predio y el patrimonio de la UNLu”. Asimismo, repudiaron “las afirmaciones acerca de que la UNlu existen tierras ‘ociosas'”.
Por su parte, la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Luján (ATUNLu-FATUN) y la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad de Luján (ADIUL-FEDUN) dieron a conocer esta semana un comunicado de apoyo al proyecto.
Mientras que ayer, ante la polémica surgida, emitieron un comunicado con “precisiones sobre las gestiones que se llevan adelante para que 350 familias lujanenses puedan
acceder al derecho a una vivienda y cumplir el sueño de la casa propia”.
“A lo largo de sucesivas reuniones mantenidas con autoridades del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y la Secretaría de Políticas Universitarias, se está analizando la implementación del Programa Procrear – Lotes con Servicio, de la línea exclusiva para Asociaciones Sindicales, Mutuales, Cooperativas y Universidades”, indicaron.
Sobre el objetivo, sostuvieron que “es generar un proyecto urbanístico de 350 lotes, que serán acompañados por créditos para la compra de los terrenos y la construcción de viviendas, en un macizo de tierra que no superaría el 8 por ciento de la superficie total del campo experimental de la UNLu -sin afectar ninguna actividad sustantiva, y garantizando las acciones de docencia, investigación y extensión en ejecución y proyectadas-“.
Y agregaron que “se trata de créditos a tasa 0, con cuotas que no superan el 20 por ciento de los ingresos, constituyendo una oportunidad única para el acceso a la vivienda por parte de la clase trabajadora”.
Respecto de los cuestionamientos, apuntaron que “sin embargo, por desinformación o mala intención manifiesta, algunos individuos de la comunidad universitaria expresaron una apresurada oposición al proyecto”.
Luego, afirmaron que “el proyecto analizado no implica en modo alguno que la UNLu ceda las tierras para el desarrollo urbanístico, sino que estas serían compradas a la universidad a través de los créditos que el Gobierno Nacional otorga a los beneficiarios y beneficiarias”.
“El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat está trabajando en la implementación de esta línea específica del PROCREAR con todas las universidades nacionales. Proyectos de similares características ya están siendo evaluados por la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), entre otras”, sostuvieron.
Por su parte, manifestaron que “la propuesta cuenta con el aval no solo del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y la Secretaría de Políticas Universitarias, sino
también del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las Federaciones Sindicales de Trabajadores Docentes y Nodocentes (FEDUN, CONADU, FATUN)”.
A su vez, adelantaron que “en sintonía con el espíritu democrático y de cogobierno que caracteriza a nuestra institución, el proyecto será tratado en el Consejo Superior de la UNLu, a fin de otorgarle al rector las herramientas necesarias para que realice el estudio de prefactibilidad del programa”.
Y por último, dijeron que “queremos dialogar, analizar posibilidades y hacer todo el esfuerzo necesario para que, a través del consenso, 350 familias de trabajadores universitarios -docentes y no docentes-, y vecinos en general, puedan acceder a la vivienda propia”.
