El viernes pasado, en el marco del Día de Acción Global de Prevención y Lucha contra el Abuso Sexual hacia las Infancias, diferentes organizaciones y personas autoconvocadas se reunieron en San Martín y Humberto y desde allí, unidas en un grito colectivo, exigieron medidas de prevención y protección para niños, niñas y adolescentes “sobrevivientes”, tal como lo manifestaron.
En ese contexto, realizaron la primera movilización por las calles de Luján para “exigir al Estado -responsable político ante la falta de prevención y protección- que se garanticen los derechos de las infancias y adolescencias. Nos detuvimos en el Consejo Escolar, el Juzgado de Paz, la Municipalidad y la Fiscalía para hacer oir nuestras diferentes demandas. Luján no se calla más”, apuntaron.
En tanto, detallaron: “Entendemos de gran importancia la visibilización de esta grave problemática que según la OMS, afecta a 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 13 niños, no hay estadísticas oficiales sobre los abusos perpetrados contra niñeces trans. Existe una falta de políticas públicas integrales que impiden la prevención y el abordaje del abuso sexual, como las infancias y sus familias protectoras lo necesitan”.
“En primer lugar contamos con una ley de Educación Sexual Integral -que podría ser una herramienta de gran relevancia para la prevención- pero que continúa sin ser implementada por los sucesivos gobiernos y el papel que juegan las iglesias en las decisiones políticas. Esto provoca que la responsabilidad se deposite únicamente en docentes y directivxs comprometides con la construcción de redes de militancia, para hacer frente a cada denuncia que se les presenta”, indicaron.
“También sucede que los organismos de coordinación, inspección y regulación en materia educativa (como lo es la jefatura distrital) elige apegarse solo a ciertas normas -las más patriarcales-, llegando a priorizar el vínculo de les niñes con progenitores denunciados, minimizando el relato de las personas que protegen (en su gran mayoría se trata de madres) y amenazándoles con ‘entregar’ a les niñes cual paquetes, a los abusadores denunciados que se acercan a la escuela. Con este accionar exponen a las infancias y aterrorizan a todo el núcleo familiar en un espacio que debería ser seguro para les niñes”, agregaron.
Por otro lado, en materia de Justicia a nivel local, sostuvieron que “también contamos con un enorme desamparo por parte de las fiscalías 9 y 10, que se niegan a tomar denuncias, archivan las causas y dilatan en el tiempo las pericias, sometiendo a una tortura encubierta a niñes y adolescentes. El disciplinamiento se descarga con fuerza sobre quienes acompañan las denuncias de abuso, que ya sufren la persecución y el hostigamiento constante por parte de los abusadores pero también por parte de funcionarios del poder judicial. Se invierte la carga de la prueba, y se coloca especialmente a las madres como principales acusadas en el proceso. El falso Síndrome de Alienación Parental, está presente en toda la ruta crítica de la denuncia”.
“En el caso de Luján, contamos con un juzgado de paz a cargo del juez Alfredo Reyes, muy cuestionado por no garantizar el derecho a la protección de las infancias, negando medidas cautelares sistemáticamente, y ejerciendo una fuerte represión sobre las familias que protegen ante estos hechos aberrantes, desplegando gran violencia en cada una de las entrevistas que se ordenan desde el organismo de justicia”.
Y manifestaron que “les niñes y sus familias no acceden a tratamientos de salud mental adecuados, no hay suficientes trabajadores que puedan atender la demanda y las primeras entrevistas con profesionales llegan varios meses después del relato de los hechos. La atención médica termina siendo privilegio de clase para quien puede costearlo en el sector privado.
A su vez consideraron que “hay una gran responsabilidad por parte del estado para que los miles de hechos que se denuncian terminen quedando totalmente impunes, con niveles muy bajos de condenas efectivas y con abusadores gozando de una libertad que les niñes y adolescentes tardan muchísimos años en recuperar”.
“Esta lucha es colectiva y es importantísima la unidad de toda la comunidad para exigirle al Estado que se cumpla y garantice de una vez, los derechos de las infancias a una vida totalmente libre de violencias. Basta de abuso sexual contra las infancias. Implementación de la ESI ya. Medidas cautelares para les niñes y sus madres protectoras. Basta de revictimización estatal. El Estado es responsable”, completaron.
