A 46 años del Golpe de Estado, se realizó el tradicional acto en la Plazoleta de los Derechos Humanos organizado por la Comisión de Familiares y Amigos de Detenidos Desaparecidos Luján. Allí, se recordó a los 26 detenidos desaparecidos en Luján durante la última dictadura y se leyó un documento.
En el mismo realizan un detallado repaso de los hechos previos, analizan el período de la dictadura y siguen reclamando Justicia.
El documento
1976 – 2022
A 46 AÑOS DEL GOLPE GENOCIDA
46 años han pasado del golpe de estado a partir del cual se implantó la última dictadura cívico militar eclesiástica. Dictadura que aplicó el terrorismo de estado secuestrando, torturando y desapareciendo a 30.000 compañeras y compañeros que fueron militantes de organizaciones revolucionarias, de sindicatos combativos, del movimiento de sacerdotes para el Tercer Mundo, de espacios culturales y políticos progresistas.
Fueron militantes comprometidos de diversas formas con un proyecto que se fue gestando hacia fines de los años ’60 y comienzos de los ’70. Años en los que nuestro país y región estuvieron atravesados por golpes de estados, dictaduras cívico militares y proscripciones políticas. En aquel contexto se forjó una militancia que desde diversos ámbitos luchó para construir una sociedad sin desigualdades sociales y libre de ataduras tanto del poder económico local como extranjero. La lucha revolucionaria fue para muchas y muchos militantes la opción elegida para iniciar el camino hacia la construcción de una sociedad libre de la injerencia de los EEUU que por aquellos años controlaba la región a través de la Doctrina de Seguridad Nacional. Doctrina que adjudicaba a las FFAA de los países latinoamericanos diversas funciones: controlar las “fronteras ideológicas”, vigilar las actividades políticas de las y los ciudadanos y reprimir manifestaciones consideradas subversivas.
Se aceptó entonces la subordinación económica a los EEUU y llegaron, una vez más, las inversiones extranjeras, profundizando así un capitalismo dependiente que para su mejor desarrollo requería de una sociedad disciplinada y bajo control. Pero lo que se pretendía no sucedió. La creciente movilización de los sectores populares y el accionar de las organizaciones político-militares precipitaron la convocatoria a elecciones en 1973. Tras casi dos décadas de prohibición, el peronismo volvió a convertirse en gobierno. Esto no significó un retroceso en la movilización y organización sino una profundización de las mismas con vistas a lograr sus objetivos. Objetivos que el poder económico nacional y extranjero no permitirían concretar. Las FFAA en alianza con los sectores civiles dieron el golpe de Estado el 24 de marzo de 1976 y con la toma del poder profundizaron un proceso de represión que había comenzado con el despliegue de la Triple A, el Operativo Independencia en Tucumán, ordenado en febrero de 1975 por decreto de la presidenta María Estela Martínez, y la aplicación ese mismo año del Plan Cóndor en la región.
Represión que también comenzó antes de la dictadura en nuestra ciudad cuando el Comando Nacionalista Jordán Bruno Genta sentenció a muerte a militantes locales y entre la noche del 9 y la madrugada del 10 de marzo secuestró a 6 de ellos, muchos de los cuales fueron nuevamente secuestrados y desaparecidos en dictadura.
Aquel accionar represivo se transformó en terrorismo de estado cuando a partir del golpe la Junta Militar comenzó a implementar el genocidio. Genocidio que contó con el apoyo del gran empresariado local y extranjero. Tal como nombramos cada año, para no olvidar jamás, empresas como Loma Negra, Clarín, Acindar, Techint, Ledesma, Mercedes Benz, Ford, La Veloz del Norte y Dálmine-Siderca, entre otras, fueron las beneficiarias de una política planificada según sus intereses. También fueron cómplices de la dictadura los grandes medios de comunicación como el grupo Clarín y La Nación, la jerarquía eclesiástica, los sectores políticos conservadores y antidemocráticos.
Entre estos últimos están los que fueron los cómplices civiles en Luján. La Unión Vecinal, partido que fuera creado en 1972, puso a disposición a sus hombres para implementar en la ciudad las políticas de la dictadura. El gobierno municipal estuvo primero en manos de Silverio Pedro Sallaberry, quien gobernó desde mayo de 1976. Pocos días después de su nombramiento se produjo en Luján el 4 de junio el primer secuestro seguido de desaparición. Se iniciaba así una larga lista de operativos ilegales en nuestra ciudad secuestrando y desapareciendo a muchas y muchos de las y los militantes locales.
Otro hombre del vecinalismo, Gerardo Amado, fue el rector interventor de la UNLu. El mismo día del golpe Emilio Mignone, quien era su rector, renunció al cargo. Le siguieron dos breves intervenciones militares y luego Amado no dudó en aceptar el cargo, que ocupó desde 1976 hasta 1979, mismo año en el que la Junta Militar decidió que se anunciara el cierre de nuestra universidad. Posteriormente, en 1982 reemplazó a Salaberry y quedó al frente del municipio hasta el fin de la dictadura. Actualmente el Vecinalismo sigue reivindicando a quienes considera sus referentes políticos. Pero nosotras y nosotros sabemos que han pasado a la historia como los cómplices civiles que hicieron posible que la dictadura pudiera implantarse en cada rincón del país, entre ellos nuestra ciudad.
Todo aquel horror vivido no se olvida. Las y los sobrevivientes, las y los familiares hasta el día de hoy siguen prestando su testimonio para que se pueda avanzar en el camino de la Justicia. Sus voces hicieron posible el Juicio a las Juntas en el año 1985; sus voces junto con la de quienes defienden esta causa, se levantaron contra las leyes de impunidad; sus voces hoy vuelven a estar presentes para declarar en los juicios que se están desarrollando. Esperamos que prontamente sean juzgados quienes son acusados en todos los juicios por delitos de lesa humanidad. Y desde nuestra ciudad esperamos con ansiedad la condena de quienes fueron responsables de los secuestros, torturas y desapariciones de nuestras compañeras y compañeros. Actualmente se está llevando a cabo el juicio en el que están acusados militares del Regimiento de Infantería Mecanizado 6 de Mercedes, responsables de los secuestros en Luján. También el juicio por los Pozos de Banfield y Quilmes y la causa Vesubio, centros clandestinos de detención en los que estuvieron secuestrados desaparecidos y sobrevivientes de nuestra ciudad.
Si bien hoy la justicia avanza, en algunos casos lo hace lentamente. Los juzgados y tribunales que dilatan las causas garantizan así la impunidad de los responsables del genocidio. Por eso reclamamos mayor celeridad porque no podemos seguir despidiendo a Madres, Padres, Abuelas, familiares sin que sepan que ha pasado con sus seres queridos. Tampoco como sociedad podemos seguir avanzando sin una Justicia que condene a los genocidas y sus cómplices civiles. Exigimos ¡Juicio, castigo y cárcel común para todos los culpables!
El avance de la Justicia fortalecerá la reconstrucción de la Verdad para seguir construyendo Memoria. Memoria que también tenemos que fortalecer en el plano económico. No debemos dejar que se olvide que la dictadura vino a implementar el neoliberalismo como política económica. Entre sus medidas introdujo la apertura de importaciones que comenzó el proceso de destrucción de la industria nacional, profundizado en las décadas siguientes, y que tuvo entre sus principales perjudicados a la clase trabajadora, que se buscó disciplinar secuestrando y desapareciendo a sus referentes y militantes. También fue exponencial el crecimiento de la deuda externa tanto pública como privada, siendo esta última trasferida al estado y por lo tanto a todo el pueblo argentino. En 7 años la deuda creció en un 450%. Recién a comienzos del siglo XXI, y por decisión política de Néstor Kirchner, Argentina comenzó a salir de aquel espiral de deuda contraído por la dictadura y los gobiernos sucesivos.
Pero cuando creíamos que estábamos fuera de aquel circuito perverso que solo genera más y más dependencia, la alianza Cambiemos volvió a endeudarnos entre 2015 y 2019 atándonos una vez más al Fondo Monetario Internacional. Endeudamiento ilícito, tal como el contraído por la dictadura, pero ahora en democracia. Endeudamiento que desde el primer momento hemos cuestionado quienes supimos que no venía a mejorar nuestro sistema educativo y sanitario. Endeudamiento que solo vino a enriquecer a los poderosos de siempre y a empobrecer a los sectores medios y populares.
Y hoy el pago de esa deuda, tomada a espaldas de los intereses de las mayorías, nos es exigido. El actual gobierno debe negociar una deuda que no contrajo y lamentablemente sabemos de sobra las consecuencias que generan los acuerdos de pago con sus programas de ajuste. Exigimos que el acuerdo que se está negociando tanto en su “letra grande” como “chica” no comprometa la vigencia de los DDHH de nuestro pueblo, que los derechos económicos, sociales y culturales se mantengan en plena vigencia a partir de la inversión del estado que jamás deberá permitir ser condicionado por políticas de ajuste dictadas por el poder extranjero. Debemos defender nuestra soberanía en todos los planos.
Soberanía que este año debemos reafirmar una vez más sobre nuestras Islas Malvinas a 40 años de aquella guerra decidida por una dictadura que en 1982 atravesaba por una fuerte crisis ante las consecuencias de su propia política económica y ante las denuncias por las violaciones a los DDHH tanto en el país como fuera de él. La guerra como recurso para salvarse, para continuar en el poder.
Hoy, en un presente en el que distintas regiones del mundo siguen viviendo el flagelo de la guerra, debemos seguir reclamando por la vía diplomática y pacífica la soberanía sobre nuestras Islas. Debemos hacerlo porque son nuestras. Debemos hacerlo por la memoria de aquellos jóvenes que estaban haciendo el servicio militar obligatorio, entre ellos casi 100 de nuestra ciudad. Jóvenes que fueron enviados a poner el cuerpo en un conflicto desigual. Mientras tanto los militares que habían torturado y desaparecido a nuestras compañeras y compañeros se limitaron a dar órdenes y a reproducir en muchas oportunidades sobre aquellos jóvenes conscriptos el maltrato y la represión. Los delitos cometidos en perjuicio de soldados conscriptos por sus superiores constituyen graves violaciones a los derechos humanos que deben ser investigadas y sancionadas sin más dilaciones.
Mientras sigan impunes las prácticas de los genocidas el ideario represivo seguirá estando presente por eso es una tarea urgente llevar a cabo una profunda democratización de las fuerzas policiales y armadas. Es necesario erradicar la violencia institucional, otra de las deudas pendientes de nuestra democracia. La muerte a manos de distintas fuerzas de seguridad de Miguel Bru, Luciano Arruga, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Facundo Astudillo Castro, Lucas Verón y Lucas González evidencian que se sigue estigmatizando a nuestros jóvenes, sobre todo cuando provienen de los sectores populares. Es fundamental capacitar a las Fuerzas para que su accionar se desarrolle en el marco de un real compromiso con la democracia y el respeto de los DDHH, sin ejercer discriminación y con formación en perspectiva de género.
En un mundo en el que los discursos de odio y el negacionismo sobre los genocidios vuelven a estar en la agenda de algunos sectores políticos y sus seguidores, debemos profundizar el recorrido que desde la misma dictadura nos enseñaron nuestras Madres y Abuelas. Luchar para construir el proyecto de las y los 30.000. Luchar hasta recuperar el último nieta o nieto. Resistir a quienes quieren construir desde el odio y la negación.
A 46 años del golpe genocida volvemos a levantar las banderas por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Porque NUNCA MÁS ES ¡NUNCA MÁS!
