Con motivo de conmemorarse el 47º aniversario del Golpe de Estado Cívico-Militar, ocurrido el 24 de marzo de 1976, este viernes por la mañana se realizó el tradicional acto en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el cual es organizado por la Comisión de Familiares y Amigos de Detenidos Desaparecidos de Luján.
La actividad, que se desarrolló en la Plazoleta de los Derechos Humanos, ubicada en la intersección de avenida Constitución y las calles Doctor Real y Belgrano, contó con la presencia de familiares y amigos de los detenidos desaparecidos en Luján; funcionarios municipales, entre ellos el intendente Leonardo Boto y el jefe de Gabinete, Matías Fernández; concejales; dirigentes políticos; referentes de organizaciones sociales, culturales, educativas y barriales, y vecinos en general.
En primer lugar, se leyeron los nombres de los 26 lujanenses desaparecidos (Ver más abajo), acompañados cada uno de ellos por la expresión: “¡Presente!”. Ya continuación se dio lectura a un extenso documento especialmente elaborado por la Comisión de Familiares y Amigos de Detenidos – Desaparecidos Luján a 47 años del Golpe de Estado, que está acompañado por la firma de organizaciones políticas, sociales, gremiales, culturales y educativas y que repasa los hechos previos, analiza el período de la dictadura y cuestiona el accionar de diversos sectores.
Luego, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y la hija de Rosa Palazzo leyó un discurso de la recordada Madre de Plaza de Mayo del 24 de marzo de 1998, cuando se cumplieron 22 años del Golpe de Estado.
Y como todos los años, antes del cierre se puso a disposición de todos los presentes un micrófono abierto para que expresen sus sentimientos y pensamientos a 47 años del Golpe de Estado.
El documento
1976 – 2023
A 47 AÑOS DEL GOLPE GENOCIDA
Hace 47 años un nuevo golpe de estado irrumpió en la vida política y social de la Argentina. El 24 de marzo de 1976 se instauró la peor de las dictaduras cívico-militares. Una dictadura que vino a servir, una vez más, a los intereses del poder económico local y extranjero con el fin de implementar un plan económico que solo trajo desindustrialización, desempleo y el empobrecimiento progresivo de las y los trabajadores. Así lo denunció el periodista y militante Rodolfo Walsh en 1977 cuando se dirigió a los asesinos en el gobierno: “Han restaurado ustedes la corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas que traban el desarrollo de las fuerzas productivas, explotan al pueblo y disgregan la Nación”
Aquel plan económico se impuso con violencia y represión desde el estado. Violencia que ya se había instalado con el accionar de la Alianza Anticomunista Argentina, conocida como la Triple A. Alianza que tuvo su versión local a través del accionar del Comando Jordán Bruno Genta, que pocos días antes del golpe de estado amenazó de muerte a varios militantes de nuestra ciudad, muchas y muchos de las y los cuales luego fueron secuestrados y desaparecidos en dictadura. Por cada uno de sus crímenes a 47 años de estos terribles sucesos debemos seguir exigiendo ¡Juicio y Castigo!
El plan sistemático de represión hundió a la sociedad en el miedo constante, siendo nuestras y nuestros compañeros detenidos desaparecidos víctimas directas. Al momento de ser secuestrados eran comprometidas y comprometidos militantes que supieron luchar por una sociedad con mayor justicia social y libre de la dominación de las potencias extranjeras que buscaban controlar los destinos de nuestra Latinoamérica. Hombres y mujeres que, desde su militancia en organizaciones revolucionarias, sindicatos combativos, del movimiento de sacerdotes para el Tercer Mundo, de las ligas agrarias, de espacios culturales y políticos progresistas supieron manifestarse y organizarse luchando colectivamente en base a ideales de libertad, igualdad, solidaridad y justicia social.
El grado de lucha y organización fue quebrado con la más violenta represión que incluyó el secuestro, la tortura y la desaparición de 30.000 compañeras y compañeros. Represión que las Fuerzas Armadas ejercieron con la complicidad del poder judicial, de la jerarquía eclesiástica y del poder económico. Una vez más, y para que nunca se olvide porque ese poder aún explota y domina, recordemos que empresas como Loma Negra, Clarín, Acindar, Techint, Ledesma, Mercedes Benz, Ford, La Veloz del Norte y Dálmine-Siderca fueron, entre otras, las beneficiarias de una política económica planificada según sus intereses y en contra de la clase trabajadora.
Para llevar adelante el plan represivo se construyeron en todo el país aproximadamente 800 centro clandestinos de detención, lugares que hoy deben ser preservados para que den cuenta del horror allí vivido y de la política genocida de la dictadura.
Dictadura que tuvo su representación en nuestra ciudad cuando el 29 de mayo de 1976 fuera desplazado el intendente que había sido electo en 1973 y asumiera como intendente comisionado por el poder militar Silverio Pedro Sallaberry, proveniente del partido Unión Vecinal. No casualmente, el 4 de junio de 1976se produjo en Luján el primer secuestro que dio inicio a la desaparición de las compañeras y compañeros de nuestra ciudad.
El gobierno de Sallaberry fue continuado a partir de 1982 por otro hombre del Vecinalismo, Gerardo Amado, que hasta comienzos del año 1979 había ejercido el cargo de rector en la Universidad Nacional de Luján, tras ser nombrado por las autoridades militares en 1976. Universidad de la que fueron desaparecidas y desaparecidos 6 miembros de su comunidad ante el silencio de sus autoridades. La misma Universidad, y la única en todo el país, que fue cerrada por la dictadura cívico militar violando así otro derecho, el derecho a la educación.
Hoy, el partido político Unión Vecinal, que gobernó nuestra ciudad en dictadura, no ha realizado ninguna autocrítica sobre su rol durante el período más trágico que hemos vivido. Pero aún peor, reivindica a quienes ejercieron el gobierno en nuestra ciudad por aquellos años, tal como lo expresa cada vez que se presenta la oportunidad la actual concejala Rita Sallaberry, quien con un profundo cinismo hace uso de consigas del movimiento de Derechos Humanos para posicionarse en contra de partidos populares y progresistas.
No podemos permitir entonces que en un momento en el que a nivel mundial asistimos con preocupación al surgimiento y avance de nuevas derechas políticas se instalen discursos y prácticas antidemocráticas porque sabemos el riesgo que comportan y a lo que conducen. Nuestro país y los de nuestra región bien lo sabemos. Hemos atravesado por muchas dictaduras que no han hecho más que reprimir, sojuzgar y empobrecer a nuestros pueblos.
Por eso se ha luchado tanto para recuperar la democracia. Una democracia que en nuestro país cumplirá 40 años el próximo 10 de diciembre. En su recuperación tuvieron un rol central los organismos de DDHH. Nuestras Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares y Sobrevivientes serán siempre ejemplo y referencia de organización, lucha colectiva y compromiso con las causas del pasado y del presente.
Sabemos del camino recorrido con avances y retrocesos. Ponemos en valor, a pesar de sus límites, el primer juicio a las Juntas Militares, repudiamos las leyes de impunidad y los indultos y reconocemos las políticas de estado que desde 2003 hicieron posible su derogación y el inicio de una nueva etapa de juicios. Juicios que deben acelerarse para que todos los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad que cometieron delitos de lesa humanidad sean condenados. Y esa celeridad depende de la decisión de un Poder Judicial que requiere ser reformado urgentemente ya que en sus instancias superiores no hace más que servir a intereses conservadores y corporativos haciendo que muchas causas por violaciones sistemáticas a los DDHH en dictadura se dilaten en el tiempo.
Aunque también hay buenas noticias. En agosto de 2022 el Tribunal Oral Federal N°2 condenó a prisión perpetua a tres exmilitares del Regimiento de Infantería Mecanizada 6 de Mercedes que actuó en nuestra ciudad. Si bien la sentencia los condenó por los crímenes cometidos contra cinco personas de otras localidades, la causa contemplaba un total de 32 víctimas, muchas de ellas de Luján. Pero con el apartamiento por incapacidad de Alberto Schollaert, quien fuera jefe del Regimiento, el Tribunal rechazó los pedidos de la fiscalía y las querellas para incluirlos en base al derecho a la Verdad. Aun así, el testimonio de las y los sobrevivientes de nuestra ciudad fue clave para reconstruir el accionar del RIM 6.
Deben profundizarse, y tal como ya dijimos, acelerarse las causas y las condenas. Las víctimas, las y los sobrevivientes, las y los familiares y la sociedad argentina toda necesitamos JUSTICA, por eso exigimos ¡Juicio y castigo a los genocidas y sus cómplices civiles!
Solo así esta Democracia que está cumpliendo 40 años podrá seguir fortaleciéndose. Como también lo hará cuando se profundice la formación de las fuerzas armadas y de seguridad en base al reconocimiento y respeto por todos y cada uno de los Derechos Humanos. No podemos seguir asistiendo a prácticas violentas por parte de las distintas fuerzas. Aun hoy, seguimos pidiendo juicio y castigo para los responsables de la muerte de Miguel Bru, Luciano Arruga, Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. No olvidamos a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Exigimos Justicia para Facundo Astudillo Castro y Lucas González y para cada víctima de la violencia policial. Repudiamos y exigimos que se detenga la persecución hacia personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, así como también a aquellas personas que, por su sola condición socioeconómica, por ser migrante, o por su género sufren el hostigamiento policial.
Sectores de las fuerzas policiales forman parte de una narco estructura, al igual que determinados miembros del poder político y judicial que es cómplice de la misma, tal como en estos días se está evidenciando en la ciudad de Rosario. Narco estructura que utiliza para su desarrollo a los sectores más vulnerables siendo también víctimas de este flagelo. Es necesario entonces seguir pensando soluciones que resuelvan este problema. Creemos que las claves son una investigación judicial profunda sobre los delitos que la gran estructura narco comete, así como también el monitoreo constante de las fuerzas de seguridad que actúan en el territorio para que su accionar no recaiga sobre las y los más pobres. Y sobre todo es necesaria la profundización de políticas de inclusión social que permita a los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad construir horizontes de vida y así no verse empujados a ser parte de la narco estructura. Para ello se deben destinar recursos económicos y fortalecer las tramas comunitarias y organizativas de los barrios.
Nos seguimos preguntando ¿dónde está Jorge Julio López?, quien tras declarar en un juicio por delitos de lesa humanidad fue desaparecido por segunda vez el 18 de septiembre de 2006. ¡Etchecolatz fue el responsable! Falleció en julio del año pasado cuando estaba siendo juzgado por los crímenes cometidos en los “Pozos” de Banfield y de Quilmes y en el “Infierno” de Avellaneda, tres de los centros clandestinos bajo su control. Allí estuvieron secuestrados militantes de nuestra ciudad. Como tantos genocidas, Etchecolatz se murió silenciando sus crímenes e incluso reivindicando su accionar.
Ellos, los genocidas, seguirán sin reconocer que aplicaron un plan sistemático de represión, seguirán con su pacto de silencio, el mismo que nos impide saber que fue de cada detenida y detenido desaparecido, el mismo que nos impide reencontrarnos con las y los más de 300 nietas y nietos que aún no saben cuál es su verdadera identidad. En una lucha inclaudicable, las Abuelas las y los buscan y hoy también buscan a sus bisnietas y bisnietos. El tiempo apremia y es urgente que se produzcan nuevos encuentros, nuevas restituciones. No olvidemos que todo dato es importante y que como sociedad tenemos la responsabilidad de aportar cualquier información que consideremos pertinente para que nuestras queridas Abuelas puedan seguir recibiendo el abrazo de aquellas y aquellos que fueron arrancados de los brazos de sus madres y padres.
Debemos entonces profundizar la MEMORIA, seguir construyendo VERDAD y avanzar en el camino de la JUSTICIA. Tres pilares en los que debe asentarse la construcción de una sociedad que se pretende democrática. Y sobre todo en los tiempos que corren. Las nuevas derechas antidemocráticas vuelven a negar lo acontecido. Es por ello que reclamamos la sanción de una ley que ponga freno a los discursos negacionistas y de odio. Discursos que se hacen extensivos a toda y todo aquel que en nuestros días representa los intereses de los sectores populares.
Es urgente la liberación de Milagro Sala, referente de la Agrupación Tupac Amaru, que se encuentra arbitrariamente detenida desde hace siete años. Misma situación que sufrió en años inmediatamente anteriores Luis Ignacio Lula Da Silva, hoy nuevamente presidente de Brasil. Persecución que también sufren dirigentes de nuestro país, llegando al extremo del repudiable atentado contra la vida de la actual vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández Kirchner calificado como magnifemicidio.
Todo esto fue y ha sido posible por el accionar de un sector del Poder Judicial en manos de quienes representan a los grupos de poder y a dirigencias políticas que pregonan y fomentan discursos de odio con el fin obturar la llegada al gobierno de las y los líderes de espacios políticos que expresan los intereses de las mayorías, en definitiva, proscribiéndolos. Son los mismos que cuando son gobierno aplican políticas económicas que nos endeudan y empobrecen. Los mismos que recortan derechos y suspenden conquistas para el pueblo. No olvidemos que durante los años de gobierno de la Alianza Cambiemos nuestro país entró en un espiral de endeudamiento con organismos de crédito internacional que aún nos condiciona. Nuestras reservas son utilizadas para pagar una deuda ilegitima que inyectó dinero para que fuera fugado por el poder económico local y extranjero. La deuda se sabía impagable y por eso, y a pesar de la renegociación conseguida, no podemos permitir que condicione la economía del país y de cada uno de sus hogares.
No debemos permitir que nuevamente los ingresos de las y los trabajadores se degraden y la situación de los sectores más humildes y de las clases medias se precarice aún más. Quienes hoy ejercen cargos de gobierno, y quienes lo hagan a partir del 10 de diciembre próximo, deben tomar decisiones e implementar políticas públicas que incluyan e igualen. Políticas que mantengan nuestra soberanía.
El año pasado se cumplieron 40 años de la guerra que la dictadura inició para recuperar Malvinas. Decimos ¡Nunca Más a la guerra! Y sostenemos que el único camino es la profundización de la vía diplomática para recuperar nuestras islas y así honrar la memoria de los ex combatientes.
Deseamos y militamos para seguir construyendo una Argentina en la que el proyecto de las y los 30.000 compañeras y compañeros desaparecidos sea posible. Una Argentina inclusiva, solidaria, hermanada con los países de nuestra región. Una Argentina que nunca olvide, una argentina en la que ¡ARDA LA MEMORIA!
Los 26 detenidos desaparecidos en Luján
Jorge Elischer
Julio Navarro
Graciela Erramuspe
Vicente Pascarelli
Carlos Durán
José Orellana
Rosa María Cano
Carlos Fernández
Omar Siina
Ricardo Palazzo
Dardo Sebastián Dorronzoro
María de los Ángeles Torres
Georgina Simerman
Enrique Guerrero
Juan Carlos Barroso
Alcides Ramírez
Mónica Mignone
Raúl Aguirre
Hilda Vergara
Rubén Maggio
Arnaldo Buffa
Oscar Peralta
Irma Tardivo
Pedro Núñez
Raquel Mena
Pablo Alberto Finguerut
Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
Es el día en el que se conmemoran en nuestro país las muertes de miles de civiles producidas por la última dictadura militar que gobernó a la Argentina, autoproclamada Proceso de Reorganización Nacional. Fue justamente un 24 de marzo de 1976 cuando se produjo el Golpe de Estado que depuso al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, dando inicio a la dictadura militar más sangrienta de la historia argentina.
El 2 de agosto de 2002, el Congreso de la Nación Argentina promulgó la Ley 25.633, creando el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia con el fin de conmemorar a las víctimas, pero sin darle categoría de día no laborable. Tres años después, durante la gestión del presidente Néstor Kirchner, se impulsó desde el mismo Poder Ejecutivo Nacional que la fecha se convirtiera en un día no laborable e inamovible.
A raíz de ello se produjo un debate, en el cual opositores al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo recalcaron que al ser feriado nacional pretendía una festividad, mientras el oficialismo sostuvo que “no hay posibilidad de que ninguno pueda ignorar el hecho”.
Finalmente, con el apoyo de Organizaciones de Derechos Humanos como Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo, el proyecto se convirtió en Ley.
En 2017, el expresidente Mauricio Macri mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), ordenó que el feriado sea movible. La decisión fue ampliamente criticada por Organismos de Derechos Humanos, sus propios aliados del gobierno nacional y la población en general.
Y la presión social por conservar una fecha que ya es icónica en las efemérides argentinas, logró que se diera marcha atrás con el DNU y se conservara en su fecha original.
