Con motivo de conmemorarse el 48º aniversario del Golpe de Estado Cívico-Militar, ocurrido el 24 de marzo de 1976, este domingo por la mañana se realizó el tradicional acto en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el cual es organizado por la Comisión de Familiares y Amigos de Detenidos Desaparecidos de Luján.

La actividad, que como todos los años se desarrolló en la Plazoleta de los Derechos Humanos, ubicada en la intersección de avenida Constitución y las calles Doctor Real y Belgrano, contó con la presencia de familiares y amigos de los detenidos desaparecidos en Luján; funcionarios municipales; concejales; dirigentes políticos; referentes de organizaciones sociales, culturales, educativas y barriales y vecinos en general.

En primer lugar, se leyeron los nombres de los 26 lujanenses desaparecidos (Ver más abajo), acompañados cada uno de ellos por la expresión: “¡Presente!”. Y a continuación se dio lectura a un extenso documento especialmente elaborado por la Comisión de Familiares y Amigos de Detenidos Desaparecidos – Luján a 48 años del Golpe de Estado.

El mismo está acompañado por la firma de más de 60 organizaciones políticas, sociales, gremiales, culturales y educativas y repasa los hechos previos, analiza el período de la dictadura y cuestiona el accionar de diversos sectores, entre ellos, de los actuales Presidente y vicepresidenta de la Nación, Javier Milei y Victoria Villarruel, respectivamente.

Y como todos los años, antes del cierre se puso a disposición de todos los presentes un micrófono abierto para que expresen sus sentimientos y pensamientos a 48 años del Golpe de Estado.

El documento

1976 – 2024
A 48 AÑOS DEL GOLPE GENOCIDA

Cada día de cada año recordamos a las y los 30.000. Pero en este día la Memoria de nuestras y nuestros compañeros detenidos desaparecidos está más presente que nunca.

El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas, con la complicidad de actores de la sociedad civil, irrumpieron una vez más en la vida política de nuestro país. El objetivo fue detener el proceso de movilización y organización que desde fines de los años ’60 habían iniciado las y los trabajadores y todo el pueblo comprometido con las luchas por la liberación. Pueblo que a través de distintos espacios de participación política, sindical, estudiantil y social militó en organizaciones del Peronismo Revolucionario, como Montoneros, las Fuerzas Armadas Peronistas, o el movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo; la tradición guevarista del Partido Revolucionario de los Trabajadores; y las tradiciones socialistas y comunistas como Vanguardia Comunista y el Partido Comunista Revolucionario, por nombrar sólo algunos de tantos. Todos lucharon por un mundo, una región, un país y una ciudad en los que prevalecieran la libertad, la igualdad, la solidaridad y la justicia social.

Sobre aquellas y aquellos comprometidos militantes la dictadura impuso un plan represivo que tuvo su antecedente en la nefasta Alianza Anticomunista Argentina, más conocida como la Triple A. Con el golpe, aquellas acciones represivas se convirtieron en un plan sistemático, en un genocidio. La Junta Militar en manos del general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Massera y el brigadier Orlando Ramón Agosti, pensó y diseñó un plan de exterminio. Fue implementado en forma conjunta con las fuerzas de seguridad y la colaboración de la jerarquía eclesiástica, de partidos políticos que prestaron a sus hombres para ocupar cargos de poder y de sectores empresariales como Loma Negra, Clarín, Acindar, Techint, Mercedes Benz, Ford, La Veloz del Norte, Dálmine-Siderca, Ledesma y Astilleros Astarsa, entre tantos otros.

El secuestro y desaparición de las y los 30.000 tuvo por finalidad quebrar toda posible resistencia a la política económica que la dictadura venía a imponer. Un plan neoliberal comenzaba a ponerse en marcha para hacer nuevamente de la Argentina un país tan solo dedicado a la producción agropecuaria dependiente de la exportación. A esto se sumó un salvaje endeudamiento externo que creció en un 300% beneficiando tan solo a las grandes corporaciones que fugaron capitales y que se enriquecieron en desmedro del pueblo. Ese mismo plan es el que aplicó el menemismo en los años ’90 y el que reinstaló el macrismo en 2016. El mismo modelo que impuso el gobierno de La Libertad Avanza desde diciembre pasado, aunque con nuevas características que están haciendo que avancemos en un camino que la Argentina nunca conoció, plagado aun de incertidumbres, pero que bien sabemos que nada bueno puede traer para el pueblo trabajador. Así lo demuestra el brutal ajuste que, a casi 4 meses de gobierno, ha generado una estrepitosa caída de la producción, una devaluación de nuestra moneda, la pérdida del poder adquisitivo de las y los trabajadores y un aumento de la pobreza que ascendió al 57%. Nada indica que esta situación mejore. Y no mejorará, por decisión política. En el anunciado “Pacto de Mayo”, copiado del consenso de Washington, se proponen la disciplina fiscal, la reducción de la inversión pública, la reforma tributaria, la liberalización de la economía y las privatizaciones. Estas y otras medidas solo traerán más pobreza para las mayorías y un obsceno enriquecimiento del poder económico local y extranjero.

Nuestro presente vuelve a ser profundamente injusto y desigual. Es por eso que las banderas y las luchas de nuestras y nuestros 30.000 están más vigentes que nunca.

El mundo que soñaron, el que “en realidad pudo haber sido”, vuelve a ser un horizonte a construir. Y en esa construcción no puede faltar la Memoria. Nuestras Madres y Abuelas de Plaza de Mayo nos enseñaron el deber de recordar siempre y para siempre. Lo hicieron desde aquellos primeros años de la dictadura genocida y lo han hecho a lo largo de 40 años de Democracia. En Luján nuestras Madres Anita Aguirre y Rosita Palazzo, levantaron siempre las banderas de las y los 30.000 y militaron hasta sus últimos días por la Memoria y para conseguir Justicia para nuestras y nuestros detenidos desaparecidos.

Nuestros compañeros y compañeras de Luján comenzaron a desaparecer después de que fuera designado un hombre de la Unión Vecinal como intendente comisionado por las autoridades militares el 29 de mayo de 1976: Silverio Pedro Sallaberry. Tan solo 6 días después, el 4 de junio, fue secuestrado en Luján el primero de nuestros desaparecidos. El Vecinalismo fue entonces el partido político que colaboró con la dictadura en nuestra ciudad y hasta la fecha nunca realizó una autocrítica sobre su accionar. Incluso sigue reivindicando las gestiones de Sallaberry y la de Gerardo Amado, el otro intendente comisionado por la dictadura, que previamente había sido rector de la Universidad Nacional de Luján, también nombrado por la Junta Militar.

Hoy, a 48 años de aquel golpe que dio inicio a la dictadura, Más que Nunca debemos recordar todo lo sucedido porque la lucha de los organismos de Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia ha sido y es uno de los pilares de estos 40 años de Democracia ininterrumpida. Hemos tenidos avances y retrocesos, pero la persistencia de la lucha es lo que nos sigue manteniendo hoy acá. Se pudieron juzgar en el Juicio a las Juntas a quienes organizaron el plan represivo y dieron las órdenes para su ejecución, pero después se sancionaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Luego el menemismo liberó a los genocidas a través de los indultos.

Tuvimos que esperar a que por decisión política del presidente Néstor Kirchner se tratara en el Congreso el proyecto elaborado por la diputada Patricia Walsh que puso fin el 21 de agosto de 2003 a las leyes de impunidad haciendo posible la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, juicios que hoy que se siguen sustanciando. Poco después, en marzo de 2006, el Congreso convirtió en ley el proyecto que enviara el presidente Néstor Kirchner para instaurar el día que hoy estamos conmemorando. El 24 de marzo es desde entonces el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, instalándose así esta fecha tan importante para la reflexión sobre nuestro pasado reciente, para recordar a cada compañera y compañero desaparecido tras el golpe y a nuestros soldados conscriptos de Malvinas enviados a pelear una guerra profundamente desigual.

Hoy, todo aquello es negado por las distintas expresiones de las derechas políticas, una de las cuales nos gobierna. Referentes de La Libertad Avanza, mantienen desde hace años una postura negacionista y son parte del partido militar. Entre ellos, el actual presidente Javier Milei, quien supo decir que durante los años ’70 “hubo una guerra en la que las fuerzas del Estado cometieron excesos”, cuando bien sabemos que se puso en funcionamiento un plan sistemático de represión que secuestró, torturó y asesinó a nuestras y nuestros 30.000 compañeras y compañeros. Y aún más. En la reciente apertura de las sesiones legislativas se refirió al sistema de salud durante la pandemia para criticar la gestión de un Estado que estuvo presente y volvió a predicar la libertad de comercio. Sarcásticamente dijo que esta debería haber sido la solución adoptada para que hubieran sido “30.000 muertos de verdad” y no 130.000. Le decimos señor presidente que nuestras y nuestros desaparecidos ¡son 30.000! Le decimos señor presidente, que con los muertos no se hace ejercicio comparativo para chicanear y para mentir. Porque además le podemos asegurar que la libertad de comercio que usted predica y pregona no garantiza vidas. Vidas que durante la dictadura arrebató con la peor de las violencias el exdictador Antonio Domingo Bussi, de quien Milei fue asesor en su paso por el Congreso. Bussi ordenó, planificó y llevó a cabo con sus propias manos torturas y ejecuciones mientras era interventor y jefe militar de la provincia de Tucumán durante la dictadura. No olvidamos señor presidente que usted asesoró a un genocida.

La activa militancia en favor de los genocidas también está representada en la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien desde hace más de una década forma parte de agrupaciones del partido militar oponiéndose a los juicios por crímenes de lesa humanidad. Desde que estos se reanudaron en el año 2006, Villarruel defiende a los genocidas acusados y algunos de ellos la han tenido como contacto telefónico, siendo el caso de Miguel Etchecolatz, responsable de los más aberrantes crímenes durante la dictadura y de la desaparición de Julio López en aquellos años y en democracia.

No hay dudas de que el actual gobierno nacional propone la desmemoria y el negacionismo. Por eso es urgente que el Congreso trate y apruebe el proyecto de ley ya presentado por los organismos de Derechos Humanos que tiene por fin frenar la circulación de discursos negacionistas sobre la última dictadura y otros crímenes de lesa humanidad. Debe modificarse el Código Penal para incorporar el negacionismo como delito; debe capacitarse a las y los integrantes de los tres poderes del Estado en DDHH y en Memoria, Verdad y Justicia; debe establecerse la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos a toda funcionaria y funcionario que niegue, minimice, justifique y/o reivindique crímenes de lesa humanidad y genocidios ya reconocidos por el Estado argentino.

No podemos romper los consensos que hemos logrado en estos 40 años de Democracia. Las FFAA deben estar subordinadas al poder civil. Por eso repudiamos el nombramiento de militares en puestos directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y en la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, que dependen del Ministerio de Defensa. Exigimos una conducción civil democrática sobre el aparato militar y su efectiva administración, así como también respecto a las políticas de defensa. A la represión le decimos ¡Nunca Más! Por eso rechazamos el Protocolo para el mantenimiento del orden público, más conocido como “Protocolo Antipiquete” de la ministra Patricia Bullrich.

Generar los acuerdos que hemos construido en estos 40 años de Democracia no ha sido tarea sencilla. A pesar de avances y retrocesos hemos aprendido que cuando el Estado está presente en la organización de nuestra economía, en la resolución de los problemas de nuestra sociedad, en la atención de nuevas demandas y en el reconocimiento de nuevos derechos, la desigualdad se reduce y la inequidad comienza a resolverse. Pero este no es el camino que ha iniciado el gobierno nacional a partir del 10 de diciembre pasado. Su plan económico, sus políticas de ajuste y achicamiento del Estado no hacen más que avasallar viejos y nuevos derechos adquiridos. El DNU 70/23 impuesto el 21 de diciembre, y que aún está vigente, arremete contra los derechos laborales y gremiales, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud y la educación, el derecho a la tierra y al ambiente y restringe el derecho a la cultura entre tantos otros. No conforme con el DNU, el gobierno de Javier Milei presentó el proyecto de Ley Ómnibus cuyas propuestas no solo tenían por fin generar un cambio en el régimen económico, sino también en el político. Se pretendió gobernar y legislar sin el Congreso. Sin embargo, el pueblo se organizó rápidamente para resistir ante un decreto y un proyecto de ley que atenta contra nuestros derechos y contra la democracia toda.

Y como luchar sirve compañeras y compañeros, ganar las calles permitió que algunas y algunos de nuestros representantes pudieran impedir en el Congreso que un proyecto se convirtiera en lo que hubiera sido una injusta ley para el pueblo. Pero debemos seguir luchando para declarar inconstitucional el DNU. Durante muchos años nuestro país vivió sin la vigencia de su constitución. Tras cada golpe de estado, las dictaduras desconocieron nuestros derechos constitucionales. No podemos, no debemos permitir que en democracia esto suceda. Como tampoco podemos permitir que una Comisión Bicameral para el tratamiento de un DNU sea presidida por un abogado defensor de represores por su participación en crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. Tal es el caso del senador Juan Carlos Pagotto, senador de La Libertad Avanza, quien ha defendido a militares condenados por secuestros y asesinatos en la provincia de La Rioja durante la dictadura.

Todo lo anterior demuestra las prácticas autoritarias del gobierno de Milei. Nunca antes se había utilizado un DNU para derogar o modificar más de 70 leyes en un solo paso. Por eso es urgente declarar su inconstitucionalidad. Ya se ha dado un paso para que el DNU quede sin efecto. El pasado jueves 14 de marzo una amplia y diversa mayoría en la Cámara de Senadores de la Nación votó en contra. 42 votos de rechazo superaron los 25 votos afirmativos y las 4 abstenciones. Resta aguardar a que la Cámara de Diputados lo trate y, esperemos, lo rechace. Pero mientras tanto es urgente que el Poder Judicial suspenda la aplicación del DNU para evitar las consecuencias que ya está generando y que se profundizarán al avasallar los derechos humanos de la mayoría de la población. El valor de los alimentos, los alquileres, servicios y remedios ya no tienen control perjudicando a trabajadores, jubiladas y jubilados, a nuestras infancias y juventudes. Como contrapartida el DNU introduce modificaciones que benefician a los grupos empresarios.

Es ahora cuando el Poder Judicial tiene la oportunidad de pronunciarse a favor del pueblo y no a favor de los poderosos de siempre. Tiene la oportunidad histórica de revertir la complicidad que mantuvo con cada dictadura tras los golpes de Estado. No olvidemos que en 1930 la Corte Suprema declaró que no iba a intervenir y que aquel primer gobierno de facto era legitimo. Desde entonces el Poder Judicial nunca declaró inconstitucional ningún golpe de Estado y en particular la última dictadura. Muchos de sus jueces no actuaron ante la represión, rechazaron y/o contestaron negativamente sin investigar los pedidos de habeas corpus presentados valientemente por abogados del campo popular. En definitiva, por acción y omisión, allanaron el camino para las detenciones ilegales, los secuestros y la desaparición de nuestras y nuestros compañeros y la apropiación de niños, niñas y bebés. Si el sistema judicial quisiera podría revertir esta historia. Podría dejar de ser una corporación puesta al servicio del poder económico y político conservador y antidemocrático que actualmente persigue a líderes y luchadores populares creando o haciendo lugar a causas que no tienen sustento. En definitiva, que el Poder Judicial se convierta en Justicia. La que aún esperamos para nuestras compañeras y compañeros desaparecidos. La Justicia que nos enseñaron a pedir nuestras Madres y Abuelas. La Justicia que esperamos que actúe rápidamente ante las amenazas y atentados, como el del que acaba de ser víctima una compañera de H.I.J.O.S. Porque ¡NUNCA MÁS es NUNCA MÁS!

Solo reforzando nuestra Memoria podremos revertir este complejo presente que nos atraviesa. Solo con la Verdad de lo que nos ha sucedido podremos reconstruirnos para que no vuelvan al poder gobiernen autoritarios y sus cómplices civiles. Solo con Justicia podremos profundizar la construcción de nuestra Democracia.

A 48 años del golpe, la Memoria de nuestras y nuestros 30.000 sigue estando presente. Llevamos en alto sus banderas para volver a construir una Argentina, justa, inclusiva, soberana y solidaria. Una Argentina con Memoria, Verdad y Justicia.

Hoy Más que Nunca ¡Resiste la Memoria!
¡SON 30.000 Y ESTÁN PRESENTES!
¡Juicio y castigo a los genocidas y sus cómplices civiles!
¡Restitución de la identidad de las nietas y nietos apropiados!
¡Libertad a las presas y presos políticos!
¡Abajo el DNU y el protocolo antipiquete!
¡No al ajuste!

Los 26 detenidos desaparecidos en Luján

Jorge Elischer
Julio Navarro
Graciela Erramuspe
Vicente Pascarelli
Carlos Durán
José Orellana
Rosa María Cano
Carlos Fernández
Omar Siina
Ricardo Palazzo
Dardo Sebastián Dorronzoro
María de los Ángeles Torres
Georgina Simerman
Enrique Guerrero
Juan Carlos Barroso
Alcides Ramírez
Mónica Mignone
Raúl Aguirre
Hilda Vergara
Rubén Maggio
Arnaldo Buffa
Oscar Peralta
Irma Tardivo
Pedro Núñez
Raquel Mena
Pablo Alberto Finguerut

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Es el día en el que se conmemoran en nuestro país las muertes de miles de civiles producidas por la última dictadura militar que gobernó a la Argentina, autoproclamada Proceso de Reorganización Nacional. Fue justamente un 24 de marzo de 1976 cuando se produjo el Golpe de Estado que depuso al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, dando inicio a la dictadura militar más sangrienta de la historia argentina.

El 2 de agosto de 2002, el Congreso de la Nación Argentina promulgó la Ley 25.633, creando el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia con el fin de conmemorar a las víctimas, pero sin darle categoría de día no laborable. Tres años después, durante la gestión del presidente Néstor Kirchner, se impulsó desde el mismo Poder Ejecutivo Nacional que la fecha se convirtiera en un día no laborable e inamovible.

A raíz de ello se produjo un debate, en el cual opositores al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo recalcaron que al ser feriado nacional pretendía una festividad, mientras el oficialismo sostuvo que “no hay posibilidad de que ninguno pueda ignorar el hecho”.

Finalmente, con el apoyo de Organizaciones de Derechos Humanos como Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo, el proyecto se convirtió en Ley.

En 2017, el expresidente Mauricio Macri mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), ordenó que el feriado sea movible. La decisión fue ampliamente criticada por Organismos de Derechos Humanos, sus propios aliados del gobierno nacional y la población en general.

Y la presión social por conservar una fecha que ya es icónica en las efemérides argentinas, logró que se diera marcha atrás con el DNU y se conservara en su fecha original.