Los Centros Comunitarios nucleados dentro del Movimiento de Trabajadores Excluidos realizaron una presentación en el Concejo Deliberante expresando su “profunda preocupación por la situación cada vez más grave que están viviendo los barrios populares, la situación económica atora a las familias cada mes, el acceso a los derechos básicos es cada vez más difícil de concretar y las problemáticas abundan niños y adolescentes en consumo, adultos sin trabajo y ancianos sin jubilaciones dignas”.
Se trata de distintos espacios barriales en el cual funcionan comedores, merenderos y espacios de recreación y formativos tales como “El grillo” en el barrio Villa del Parque; “Los peques” en el barrio La Loma; “El Ángel de la bicicleta” en el barrio San Fermín; “Dario y Maxi” en el barrio Ameghino; “Los pibes” en el barrio San Jorge; la Escuela de fútbol femenino del barrio San Jorge; la “Juegoteca ATR”; y el “Bachillerato Carlos Fuentealba” del barrio Ameghino.
En la nota que ingresó en el temario de la sesión del Concejo Deliberante del próximo lunes, destacan que “ante esta realidad desahuciante, cientos de trabajadoras dejan el corazón trabajando para poder sostener comunitariamente un plato de comida, un espacio donde asistir a pedir ayuda, un proyecto educativo y de vida. Estamos atravesando una emergencia social, alimentaria y en adicciones, más allá del color partidario de cada representante dentro del HCD el sufrimiento del pueblo debería unirnos para pensar cómo salir adelante y que miles de vecinos y vecinas de nuestra ciudad puedan tener vidas más dignas”.
Con relación a las actividades que realizan destacan que “las promotoras socio-comunitarias de cuidados cumplen un rol esencial en la comunidad por su capacidad de escucha, su conocimiento del barrio y de las familias que lo habitan. Cumplen una tarea de primera escucha con los vecinos y vecinas, detección de problemáticas barriales y de diseño de estrategias y de intervención comunitaria, articulando con otros actores con perspectiva de derechos y de trabajo en red. En lo concreto, garantizan el acceso real y efectivo al cumplimiento de derechos. Es fundamental potenciar su alcance con herramientas para su trabajo cotidiano y con un reconocimiento económico”.
En este sentido, explican que “a diferencia de otras ramas de la economía popular, no se produce ´algo´, un ´producto´ que se puede vender a cambio de dinero, sino que se producen-brindan cosas que son muy valiosas socialmente, que se constituyen en un derecho, pero no se miden generalmente en plata: un espacio de contención y acompañamiento, conocimiento, valores comunitarios, etc. Esto no quiere decir que esta actividad no tenga un valor económico. ¿Acaso cuidar a los niños y niñas para que sus madres y padres puedan salir a trabajar no influye en la economía de esas personas? ¿Acaso los miles de comedores que brindan asistencia alimentaria en los barrios populares no influyen en la economía del país?”.
Sobre el actual momento que atraviesan sus actividades recuerdan que “las trabajadoras comunitarias fueron reconocidas como rama en su proceso de sindicalización dentro de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y a través del salario social complementario (Ley de Emergencia Social N°27345)”. Asimismo, apuntan contra el gobierno nacional denunciando que “bajo la gestión del actual presidente se tomó la definición de modificar el programa que llevaba adelante la implementación de la Ley y se eliminó el nexo salarial que permite a las trabajadoras comunitarias tener un piso de ingresos para poder desarrollar sus tareas. El nuevo programa congela el monto mensual de ingresos por 24 meses, realizando un vaciamiento de la política y dejando a miles de trabajadoras del sector sin un derecho básico como el salario”.
Finalmente, realzan que “en Luján hace 20 años venimos trabajando en distintos barrios de la ciudad acompañando de forma comunitaria distintos problemas y con asistencia alimentaria a las familias con comedores y merenderos”.
