Desde el cuerpo de delegados y delegadas de SUTEBA LUJÁN analizamos y debatimos el derecho social a la educación frente a la embestida del gobierno nacional de intentar imponer a la educación como un servicio esencial.
Entonces nos preguntamos ¿Por qué es importante pensar a la educación como un derecho social? ¿Qué está en riesgo si la educación es un “servicio esencial”? En primer lugar, es importante destacar que los derechos se ejercen, en cambio los servicios se “prestan”. En este sentido, hablar de “servicios estratégicos” avanza en la mercantilización de la educación.
Como docentes, trabajamos para que la Educación sea considerada y respetada como un derecho social y humano, que sea inclusiva y de calidad, que cuente con los recursos suficientes provenientes del Estado y no sea un negocio más para las ONGs, empresas privadas y fundaciones que hoy pretenden tener mayor injerencia en las definiciones de política educativa y lucrar.
La educación como derecho social hace referencia y reafirma los derechos de la ciudadanía, en este caso, estudiantes y docentes, a construir, elaborar, acceder a herramientas éticas, morales, conceptuales para formar o proyectar un (su) expectativa a futuro. La educación como servicio esencial afectaría primordialmente a los trabajadores, quienes veríamos afectados nuestros derechos laborales. La educación pública, sin discriminar, brinda oportunidades individuales y colectivas. Desde la sanción de la Ley 1420, la educación tiene carácter de pública, común, obligatoria, gratuita, graduada y tolerante. Sin embargo, el gobierno nacional insiste con limitar al extremo de impedir, lisa y llanamente, el derecho de huelga a los Docentes, consagrado en el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Con respecto al cambio de DERECHO a SERVICIO ESENCIAL, involucra a todos los actores que participamos en el acto educativo y en consecuencia dejaría de demandarle al Estado el respaldo y mantenimiento de las instituciones educativas. Una vez más, el gobierno nacional, en lugar de resolver el conflicto en el marco de una negociación, pretenden cercenar la posibilidad de la protesta y el reclamo.
Desde el cuerpo de delegados y delegadas de SUTEBA LUJÁN alertamos la gravedad institucional,
democrática y el espíritu anticonstitucional que dichas medidas neoliberales pretenden realizar a través de derogaciones de leyes esenciales. No se trata de un avance pedagógico o para mejorar la educación, sino una política clara para restringir el derecho de huelga y cercenar la Constitución.
Claramente va en contra de las resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo, que está formada por patrones, trabajadores y estados, y sobre este tema ha fallado reiteradas veces declarando que la educación no es esencial, ya que la interrupción de la actividad docente por huelga no pone en riesgo “la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población.
Las Trabajadoras y los Trabajadores de la Educación vamos a seguir resistiendo y luchando para que la Educación no sea en un privilegio para pocos, en una mercancía o en un “servicio esencial”.
(*) Cuerpo de delegados y delegadas de SUTEBA Luján
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