Luego de la masiva movilización del 23 de abril por la Educación Superior Pública y Gratuita, este miércoles estudiantes, docentes y no docentes de las distintas universidades públicas del país volverán a marchar pero en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario, luego de que el Presidente de la Nación, Javier Milei, anticipara que vetará la norma aprobada por el Congreso.
Lo hizo a través de un comunicado que dio a conocer el viernes a través de la Subsecretaría de Comunicación Institucional, dependiente de la Secretaría General.
En el texto expresaron que “la Universidad Nacional de Luján (UNLu) se suma a la Marcha Universitaria Federal del miércoles 2 de octubre para alzar la voz en defensa de la universidad pública y su papel esencial como motor de ascenso social”.
“En un contexto de creciente incertidumbre debido al veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, la comunidad educativa se moviliza nuevamente, invitando a toda la sociedad a unirse en esta causa”, agregaron.
“Universidades de todo el país ratificaron la convocatoria a la marcha, reafirmando la importancia de proteger un sistema educativo que es el único garante de igualdad de oportunidades y desarrollo social. Ante la amenaza de desfinanciamiento, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) expresó su preocupación por el impacto que este veto tendría sobre el sistema científico y universitario, poniéndolo al límite de sus posibilidades”, recordaron.
En ese marco, desde la UNLu convocan a estudiantes, docentes, no docentes, graduados y a toda la comunidad a marchar juntos en defensa de la educación pública.
“Este es el momento de alzar la voz por el futuro de nuestras universidades y por la formación de nuevas generaciones que puedan acceder a una educación de calidad y gratuita. La universidad pública no se vende, se defiende”, concluyeron.
La marcha
Bajo el lema “La Universidad no es el problema, es parte de la solución”, la movilización comenzará a las 17 en la plaza del Congreso Nacional, en la esquina de las avenidas Callao y Rivadavia.
Es convocada por los rectores de las universidades públicas, unidos en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Fue una decisión conjunta, tras una reunión de la que también participaron el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina.
La CGT y las dos CTA confirmaron su adhesión a la movilización, sumándose al reclamo por mejoras en las condiciones salariales y laborales en el sector educativo. Por tal motivo, no habrá clases en escuelas públicas de nivel Primario y Secundario, ya que los docentes se plegarán a la movilización.
La concentración principal está programada para las 17 frente al Congreso de la Nación, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el caso de Luján, para todos aquellos que deseen concurrir con la delegación de la Universidad Nacional de Luján, el punto de encuentro será en la esquina de la avenida Belgrano y Combate de los Pozos a las 14, según informó el Rectorado.
Ley de Financiamiento de las Universidades
El Senado Nacional aprobó recientemente la Ley de Financiamiento Universitario en una votación en general que obtuvo 57 votos a favor, 10 negativos y una abstención. A pesar de la trascendencia de esta decisión para el Sistema Universitario Nacional, y de haberse alcanzado con los dos tercios de los votos, el Gobierno adelantó que vetará la Ley aprobada, “para no comprometer el superávit fiscal”.
La ley estipula una recomposición de los salarios del personal docente y nodocente desde el 1 de diciembre de 2023 y hasta la sanción del proyecto, con lo que se estima para “el ejercicio vigente un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI”.
Además, la norma impone actualizar los créditos presupuestarios destinados a cubrir los gastos de funcionamiento de las casas de estudio -al inicio del ejercicio 2024- por la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2023 y luego, de manera bimestral, ajustar vía inflación previo descuento de los aumentos ya otorgados en lo que va del año.
De hecho, el proyecto especifica que si una paritaria mejora la normativa a sancionarse, la misma prevalecerá sobre cualquier otra cosa.
