Integrantes de las comunidades educativas del distrito juntaron firmar para solicitar “al Consejo Escolar del Partido de Luján que en el Presupuesto 2026 se garantice un estudio integral del agua en todas las escuelas del distrito, que asegure el derecho básico a contar con agua potable y segura”.

Además del Consejo Escolar, la solicitud presentada está dirigida a la Comisión de Fondos Presupuestarios de Salud y Seguridad y reclama que, “en la elaboración del Presupuesto 2026, se incluya una partida específica destinada a la realización del estudio integral del agua en todas las escuelas de la zona rural y periurbana del distrito de Luján, que además de medir los parámetros establecidos por la normativa vigente para la potabilidad, incluya los agrotóxicos de uso actual en el sistema productivo agrícola local y regional, arsénico y metales pesados”.

Este pedido se viene realizando desde hace varios años desde la Campaña por el Agua Limpia en las Escuelas (CALE) y cobró especial relevancia a partir de los resultados presentados por distintas universidades y organismos estatales, “los que evidenciaron que en algunas instituciones educativas de la provincia de Buenos Aires el agua no era apta por presencia de agrotóxicos y arsénico elevado”, manifestaron.

Además, detallaron que “vecinos y vecinas de Luján, junto al Equipo de Extensión sobre Conflictos Socio-ambientales para la Transformación Social (EECSA – UNLu) y la Multisectorial contra el Agronegocio – La 41, se ha realizado un Mapeo Colectivo de Escuelas Públicas Fumigadas de nuestro partido, donde se deja constancia, aún con cálculos conservadores, que aproximadamente un tercio de las instituciones educativas son fumigadas con agrotóxicos en distintos momentos del año”.

“Estas situaciones ponen de manifiesto la necesidad urgente de realizar estudios integrales, confiables y sistemáticos que garanticen la seguridad del agua que consume la comunidad educativa. En este punto ponemos especial énfasis en lo establecido en diferentes acuerdos y marcos normativos como, por ejemplo, el Artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño”, indicaron.

Y en esa línea, citaron lo que expresa el inciso c: “Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente”.

Por su parte, apuntaron que “en reiteradas ocasiones fue planteada esta necesidad de ampliar el estudio del agua ante el Consejo Escolar local, teniendo en cuenta la realidad zonal actual, recibiendo siempre como respuesta que no podían hacer los análisis integrales ante la falta de fondos”.

Y al respecto, subrayaron que “el estudio que actualmente realiza el Consejo Escolar resulta insuficiente e incompleto, ya que no incluye arsénico, metales pesados ni agrotóxicos. Tampoco hemos recibido respuestas de la Autoridad del Agua (ADA) de la provincia de Buenos Aires ante los reclamos efectuados”.

Por último, recordaron que “existe un acuerdo paritario firmado por CTERA en el marco de los 12 puntos, que establece que el Gobierno, a través de sus dependencias, debe garantizar agua potable y segura en todas las instituciones escolares. En este sentido, hacemos responsables tanto al Gobierno Nacional como al Provincial y al Municipal del efectivo cumplimiento de este derecho básico, así como también a los poderes legislativo y judicial en todos sus niveles”.