Las principales organizaciones del sistema universitario argentino alertaron este lunes sobre una “situación crítica” en las universidades públicas y exigieron al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario N°27.795, en un contexto marcado por recortes presupuestarios y pérdida salarial.

El pronunciamiento fue difundido en el marco de la jornada federal “Las universidades no se apagan”, impulsada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Allí, las entidades señalaron que “sin ley de financiamiento la universidad pública y la ciencia nacional agonizan” y advirtieron sobre el deterioro del sistema.

En ese sentido, el comunicado destacó que “cayeron un 45,6% las transferencias a las universidades públicas desde 2023 hasta la fecha”, lo que, según afirmaron, implica que las instituciones funcionan “a la mitad, con todas las dificultades que eso genera”. Asimismo, subrayaron que “sin salarios dignos no hay universidad de calidad”, y plantearon como urgente la recomposición salarial de docentes y no docentes, junto con la actualización de las becas estudiantiles.

Por otra parte, Conadu Histórica, Conadu, FUA, CIN, FATUN, FEDUN, CTERA, UDA, FAGDUT remarcaron que existe un fallo judicial que ordena aplicar los artículos 5 y 6 de la ley de financiamiento. Sin embargo, denunciaron que “el Gobierno Nacional mira hacia otro lado y las respuestas no aparecen”, motivo por el cual informaron que ya notificaron a la Justicia sobre el presunto incumplimiento.

Además, indicaron que elevaron un pedido formal a la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, para que convoque de manera urgente a la paritaria nacional. “Exigimos la aplicación sin más dilaciones de la ley”, señalaron, al tiempo que insistieron en la necesidad de medidas inmediatas.

En paralelo, advirtieron que, de no haber respuestas en el corto plazo, volverán a convocar a la sociedad a movilizarse “en la primera quincena de mayo en todo el país” en defensa de la educación pública y el sistema científico.

Finalmente, el comunicado apeló al valor histórico de la universidad pública en Argentina al definirla como “una herramienta de movilidad social ascendente extraordinaria” y “el lugar que aloja la esperanza de miles de jóvenes”.

En ese marco, concluyeron con una consigna contundente: “¡Exigimos el cumplimiento de la ley!”.