La provincia de Buenos Aires autorizó nuevas bandas arancelarias para los colegios privados que reciben subsidios estatales, con vigencia desde abril.

La actualización alcanza a instituciones de nivel inicial, primario, secundario y técnico, y fue comunicada por la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense. Desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA) señalaron que la medida responde al impacto de las últimas paritarias docentes, aunque remarcaron que persisten dificultades económicas en el sector.

Según el nuevo esquema, los colegios de nivel inicial y primario con hasta el 100% de aporte estatal para salarios docentes podrán cobrar hasta $32.880 mensuales, mientras que aquellos con subvención del 40% tendrán un tope de $148.660.

En el nivel secundario, las cuotas autorizadas oscilarán entre $36.200 y $193.160, de acuerdo con el porcentaje de subsidio recibido.

En tanto, los establecimientos técnicos, agrarios o especializados en arte podrán aplicar aranceles de entre $41.790 y $221.070.

La entidad que nuclea a institutos privados de todo el país había solicitado una actualización de valores luego de los acuerdos salariales cerrados por el Gobierno provincial con los gremios docentes.

La última suba previa había sido del 3% en marzo, mientras que el ajuste anterior correspondía a septiembre de 2025 y se aplicó durante el último trimestre del ciclo lectivo pasado.

En ese contexto, el secretario ejecutivo de AIEPA, Martín Zurita, afirmó que “estas adecuaciones se dan en un contexto difícil para el financiamiento de la educación de gestión privada”.

Además, explicó que “hay muchos costos fijos que aumentaron en estos últimos meses, además de los salarios docentes de los cuales una parte se hace cargo el Estado”.

No obstante, Zurita sostuvo que las instituciones realizan esfuerzos para sostener el funcionamiento cotidiano. “Las escuelas, sus directivos y sus responsables hacen un gran esfuerzo aunque el costo del arancel esté por debajo de los incrementos de los costos operativos y de funcionamiento de los institutos, para que no se altere el desempeño diario de los centros de enseñanza privados”, señaló.

Asimismo, el dirigente advirtió sobre nuevos factores que complican la administración de los establecimientos. En ese sentido, mencionó “el excesivo aumento de las tasas que cobran algunos municipios bonaerenses a los establecimientos educativos, la caída de la matrícula y los desfasajes financieros”.

Desde AIEPA también remarcaron que, en numerosos casos, los colegios deben afrontar aumentos salariales antes de contar con la autorización oficial para trasladarlos a las cuotas.

Actualmente, el sistema de educación privada representa cerca del 30% de la cobertura educativa bonaerense y reúne a más de 1,3 millones de alumnos. Aproximadamente el 70% de los colegios privados de la provincia reciben aportes estatales, por lo que sus incrementos arancelarios dependen de la aprobación oficial.

Por último, la entidad alertó sobre cierres de escuelas privadas registrados en los últimos años en el conurbano bonaerense, la Ciudad de Buenos Aires y La Plata.

Según indicaron, la caída de la natalidad, la pérdida de matrícula —con unos 300 mil alumnos menos en todo el sistema en cuatro años—, el atraso de aranceles, el aumento de tarifas y la morosidad de las familias explican la crisis que atraviesan varias instituciones.

“Hay escuelas que no cerraron pero cuya situación es crítica, están endeudadas o tomando créditos para poder pagar sueldos y cargas sociales”, concluyó Zurita.