La docencia universitaria lleva adelante un paro nacional durante esta semana, convocado por CONADU Histórica y CONADU, como antesala de la Marcha Federal del 12 de mayo. Ambas medidas se articulan en un mismo reclamo: la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial y el refuerzo del presupuesto educativo.

La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Luján (ADUNLu) informó que la medida de fuerza se inscribe en un plan de lucha que busca visibilizar la situación crítica del sistema universitario. En ese sentido, señalaron que el deterioro del poder adquisitivo docente “alcanza niveles críticos”, con pérdidas que oscilan entre el 42,5% y el 49,1%.

En este contexto, desde el sector exigen “la inmediata implementación de la Ley de Financiamiento Universitario”, así como la actualización del presupuesto y una recomposición salarial con retroactividad. Según plantearon, la falta de respuesta del gobierno nacional profundiza el conflicto y obliga a intensificar las medidas de fuerza.

Asimismo, las organizaciones sindicales remarcaron la importancia de sostener la protesta en unidad. El paro de la última semana de abril se realizará en confluencia entre distintas federaciones, como antesala de una movilización de mayor alcance.

Por su parte, el martes 12 de mayo se llevará a cabo una nueva Marcha Federal por la Educación Pública, convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA), las confederaciones docentes y la FATUN, que nuclea a trabajadores nodocentes. La convocatoria tendrá como epicentro la Plaza de Mayo, con réplicas en distintas ciudades del país.

Desde la FATUN subrayaron que la protesta se realiza “por negociaciones paritarias libres, por la ciencia y el conocimiento, por las becas a las y los estudiantes”, y advirtieron que “sin salarios dignos y sin presupuesto no hay futuro posible”.

De este modo, tanto el paro docente como la Marcha Federal se articulan como parte de una misma estrategia de presión para exigir el cumplimiento de la ley aprobada por el Congreso, cuya aplicación —según denuncian— el gobierno nacional continúa sin efectivizar.