En el marco de la discusión instalada por el beneficio de la prisión domiciliaria que obtuvieron cientos de presos, se generó una fuerte polémica entre concejales del oficialismo y la oposición.
Todo surgió luego de que el concejal de Juntos por el Cambio, Fernando Casset, pidiera al Municipio que “controle el cumplimiento de las prisiones domiciliarias”, argumentando que “lo importante es asegurar que estas personas se queden efectivamente en sus domicilios, y que no aprovechen este cuestionable beneficio para estar en la vía pública”.
Tras sus declaraciones, el edil del Frente de Todos Gabriel Jurina salió al cruce y le respondió que “el Municipio no está para cuidar presos”. Y agregó: “No es serio que un hombre del derecho proponga que el Municipio se involucre en una cuestión para la cual no está facultado ni tiene el personal preparado, porque el control de las prisiones domiciliarias requiere el cumplimiento de protocolos a cargo de hombres y mujeres formados para llevar a cabo esa tarea”.
Y para sumar más leña al fuego, este jueves los que se expresaron al respecto fueron los concejales de Juntos por el Cambio Daniel Curci Castro y Dardo Sonnenberg, quienes reclamaron “que el Municipio nos cuide de los presos”.
A través de un comunicado, manifestaron que “el concejal oficialista Gabriel Jurina, convertido en portavoz del secretario de Protección Ciudadana, Matías Lattaro, al momento de dar excusas por sus incapacidades ha salido a criticar el pedido que hicimos al intendente Leonardo Boto para que contribuya a controlar el cumplimiento de la situación de prisión domiciliaria por parte de las personas que hayan obtenido u obtengan ese dudoso beneficio por parte de los jueces”.
Al respecto, aclararon que “nuestra propuesta, que hizo pública el concejal Fernando Casset, es clara: que el gobierno municipal se informe sobre quiénes son las personas que continúan con el cumplimiento de sus condenas en sus domicilios, que sepa también dónde residen y que colabore con las fuerzas de seguridad para controlar que no violen esa condición de prisión domiciliaria. Lo pedimos como una medida de protección a toda la sociedad, y en especial de respeto a quienes pudieron haber sido víctimas de delitos”.
Sin embargo, apuntaron que “la respuesta de Jurina es la misma a que nos viene acostumbrando el oficialismo: el no se puede. Y eso se parece mucho a una excusa para disimular las incapacidades de un gobierno para dar respuesta a los problemas y las preocupaciones reales de los vecinos de Luján”.
Luego, sostuvieron que “la actual gestión dice que el secretario Matías Lattaro es un hombre con aceitadas relaciones en el Poder Judicial y, en especial, en el Ministerio Público Fiscal. ¿Por qué no puede entonces Lattaro pedir que se le informe quiénes son los detenidos que gozan del beneficio de la prisión domiciliaria?”.
“Desde el Concejo Deliberante, al votar la desafectación de tasas que pidió el intendente Boto, determinamos que uno de los destinos de esos recursos tiene que ser la atención de la seguridad pública. ¿Por qué entonces no puede organizar una mínima vigilancia para que las personas en situación de prisión domiciliaria no salgan de sus residencias ni pongan en riesgo la seguridad de los vecinos?”, añadieron.
Además, subrayaron que “el concejal Jurina, el intendente Boto y los funcionarios se solidarizan con las víctimas de delitos. ¿Cómo les explican que no se puede evitarles el duelo cotidiano de saber que aquellos que cometieron esos delitos no se encuentran ya en la cárcel sino en sus casas, en su ciudad, eventualmente caminando por las mismas calles?”
Por último, afirmaron que “parece necesario aclarar al concejal Jurina que hay un error enorme en sus apreciaciones. Él dice que ‘el Municipio no está para cuidar presos’. No es eso lo que pedimos, no es eso lo que necesitan los vecinos, no ha sido eso lo que propuso el concejal Casset. Lo que todos queremos es que nos cuiden de los presos.