Como cierre de las actividades oficiales programadas en el marco del #NiUnaMenos, este viernes, en el Salón Cultural del Complejo Museográfico Enrique Udaondo, comenzó la implementación del Proyecto de Capacitación Permanente por la Igualdad de Género previsto por la Ley Micaela, con el objetivo de consolidar una gestión estatal con perspectiva de género.

La norma, promulgada a nivel nacional en 2018, establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías.

En este sentido, tal como informara solo LUJANHOY, el 22 de mayo el Concejo Deliberante adhirió por unanimidad a la Ley Micaela. Ese día, en el marco de una sesión extraordinaria, el Cuerpo Deliberativo aprobó un proyecto de ordenanza que establece la capacitación obligatoria en la temática de Género y Violencia Contra las Mujeres para “todas las personas que se desempeñan en la Función Pública, en todos sus niveles y jerarquías, en el ámbito de los tres poderes del Estado municipal”. El proyecto se originó a partir la Ley Nacional 27.499, llamada Micaela, y en adhesión a la Ley Provincial 15.134.

La jornada estuvo encabezada por el intendente Leonardo Boto y la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, y contó con la participación de la totalidad de secretarios y secretarias del Ejecutivo, además de concejales y concejalas.

En la apertura, el intendente destacó la presencia de funcionarios y concejales, en tanto subrayó “la decisión de ir avanzando en la implementación de la Ley Micaela y cruzar con esta política pública todas las áreas del Municipio”.

Más tarde, la secretaría de Desarrollo Humano, María Eva Rey, valoró la importancia de la norma y señaló que “son momentos que hemos ido construyendo a lo largo de años, y esas luchas han llevado a que hoy las mujeres y disidencias tengamos un marco legal más favorable”.

Asimismo, ratificó “el compromiso de esta gestión de seguir impulsando proyectos de prevención y erradicación de la violencia hacia las mujeres, y adelantó que, “como la perspectiva de género debe ser transversal a toda la gestión pública, la implementación de la Ley estará situada en cada una de las Secretarías”.

Por su parte, Estela Díaz remarcó la “voluntad del Presidente y el gobernador de transformar los reclamos históricos de las mujeres para llevar al rango ministerial la política de género”, al tiempo que señaló que “en violencia nadie puede responder solo, hay que pensar el abordaje entre todas las áreas y en conjunto con las organizaciones sociales, que han colaborado tanto en visibilizar la problemática”.

“Todavía vivimos en un patriarcado que define relaciones sociales de desigualdad basadas en la supremacía de lo masculino”, indicó la ministra, y valoró la Ley Micaela como una herramienta “para que el Estado en su conjunto tenga formación con perspectiva de género, porque es un paso fundamental para la erradicación de la violencia”.

Además, destacó que “el eje central está en cuidarnos, individualmente y a las otras y otros. Y tenemos un Estado que cuida, que nos cuida la salud como eje fundamental dentro de la pandemia. Cuida la economía, cuida el trabajo, apoya a los sectores que están sufriendo en la economía. El cuidado es un tema históricamente femenino. Somos las mujeres las que cuidamos en la sociedad, en nuestras familias, y la mayoría de nuestras tareas remuneradas son de cuidado. En estos contextos difíciles, se da una enorme oportunidad para que haya una revalorización social y económica de lo que significa el cuidado en la sociedad”.

Por último, a través de una videoconferencia, sumó unas palabras Néstor “Yuyo” García, padre de Micaela García -cuyo femicidio en 2017 motivó la sanción de la Ley que lleva su nombre- y actual director de Formación y Capacitación del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual.

García sostuvo que “son muchas las cosas que hay que cambiar, el desafío es enorme. Por eso tenemos la decisión de acompañar a los municipios y por eso vamos a trabajar en conjunto para formar capacitadores”. “La importancia del municipio para cambiar la realidad es fundamental. Son ellos los que están más cerca de la gente”, agregó.

Para finalizar, la directora Mariana Sierra, junto al equipo de la Dirección de Géneros y Diversidad, realizaron la presentación formal del proyecto e introdujeron los primeros conceptos claves respecto de la perspectiva de género, así como una Guía para el Abordaje y acompañamiento de situaciones de violencia por razones de género.

La primera capacitación de la Ley Micaela fue para secretarias y secretarios del gobierno municipal y concejales. Este fue el primero de cuatro encuentros programados con máximas autoridades y continuará con la capacitación de todo el personal municipal.

“Esta herramienta viene a disminuir las barreras materiales para salir del contexto de violencia que sufren mujeres y disidencias”, expresó Mariana Sierra, quien será la encargada de la administración del Fondo.

Y luego, agregó que “todas las actividades que estamos impulsando se enmarcan dentro de una de las tareas fundamentales de la Dirección de Géneros y Diversidad: la prevención de las violencias por razones de género a través de la visibilización de los distintos tipos y modalidades de violencias que se ejercen contra las mujeres y las disidencias sexuales”.

Fondo Especial de Emergencia

Previo a la puesta en marcha de la Ley Micaela, en el Museo Municipal de Bellas Artes “Fernán Félix de Amador” el intendente Boto y la ministra Díaz ratificaron la firma del convenio de adhesión del Municipio de Luján al Fondo Especial de Emergencia, creado para fortalecer la asistencia ante casos de violencias por razones de género.

Se trata de una iniciativa impulsada por la Subsecretaría de Políticas contra las Violencia por Razones de Género, dependiente del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, para hacer frente a situaciones que reclamen la asistencia y el acompañamiento inmediatos antes casos críticos vinculados a las violencias por razones de género.

El Fondo Especial está destinado a los municipios y organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la problemática en la Provincia de Buenos Aires y podrá ser entregado a la persona o grupo familiar y/o acompañante de la víctima de violencia por razones de género, femicidio o travesticidio.

Está consignado a cubrir traslados y movilidad, cualquiera fuese el transporte; alojamiento y comida, gastos médicos de urgencia, gastos de sepelio, fotocopias de documentación, entre otros.

A diferencia del Fondo de Emergencia existente en años anteriores -que otorgaba una suma de 7.000 pesos por única vez-, este instrumento específico permite asignar montos de hasta 30.000 pesos por caso, y con carácter renovable si las circunstancias lo ameritan, en función del nuevo contexto.