La Defensoría del Pueblo bonaerense fue aceptada por la Justicia como querellante en la causa contra los propietarios del Zoológico de Luján, en la que se determinarán las responsabilidades luego de los casos de maltrato animal registrados en esa reserva.
Así lo determinó el Juzgado Federal de Mercedes, quien dio luz verde al organismo que conduce Guido Lorenzino de formar parte del proceso por el que se investiga a los responsables de la firma Reserva Zoo Luján SRL.
Esta causa, tal como recordaron desde el organismo, se inició luego de que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación los denunciara penalmente por la presunta comisión de los delitos relacionados al maltrato y la crueldad contra los animales.
De esta forma, “la Justicia habilitó a la Defensoría para querellar luego de las diferentes inspecciones del organismo en el zoológico y las reuniones con los propietarios para exigirles un plan de adecuación que contemplara el cese del sistema de sufrimiento y crueldad animal”, señalaron.
Por su parte, Guido Lorenzino expresó que “este maltrato es la base sobre la que estaba montado el modelo de negocios del Zoo de Luján. Debemos avanzar hacia una sociedad que respete a los animales y que castigue a quienes no lo hacen”.
Últimos hechos
El 14 de septiembre, luego de una resolución firmada por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, y pese a los momentos de tensión vividos por los inspectores ante el reclamo de empleados, la Brigada de Control Ambiental (BCA) clausuró el Zoo Luján en un operativo encabezado por el secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky.
En ese momento, la decisión de la cartera ambiental nacional fue tomada en base a “las numerosas denuncias recibidas a lo largo de los años en relación al maltrato animal por parte del establecimiento, a las constantes negativas a responder a las intimaciones previas para presentar un plan de reconversión y por las irregularidades detectadas en las sucesivas inspecciones de los agentes de Control y Monitoreo, que acreditaron en repetidas oportunidades las violaciones a la normativa legal vigente en la materia, en especial a la ley provincial de zoológicos, y las leyes nacionales de Conservación de la Fauna y la General del Ambiente”.
La medida que dictó la clausura preventiva total del establecimiento obligaba al zoológico de Luján a presentar un programa de reconversión; a contar con la inscripción y habilitación de la provincia de Buenos Aires, la cartera de Ambiente nacional y la Municipalidad de Luján; a presentar el inventario de todo su plantel faunístico y a velar por el bienestar y la alimentación de los animales hasta que se cumpla con lo ordenado. Además, se exigía la presentación de información sobre el marcaje de los ejemplares y el rastreo satelital de todos los animales, ante las numerosas denuncias de decesos y comercio ilegal.
Mientras que el 22 de octubre, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación fiscalizó el zoológico de Luján en cumplimiento con la orden de allanamiento dictada por el Juzgado Federal de Mercedes, en el marco de la causa referida a la infracción a la Ley Nº 2242 de Conservación de la Fauna.
