En los últimos días surgió la polémica por un proyecto del Programa PROCREAR Universidades, que el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat impulsa en todo el país con el fin de fomentar el acceso a la vivienda familiar, tanto para trabajadores docentes y nodocentes, como para la comunidad en general.
Sucede que en nuestra ciudad la propuesta incluye la construcción de 350 viviendas en el predio de la Universidad Nacional de Luján. Y diversas asociaciones docentes y no docentes se expresaron de distinta manera al respecto.
Por un lado, desde la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Luján (ATUNLu-FATUN) y la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad de Luján (ADIUL-FEDUN) dieron a conocer la semana pasada un comunicado en apoyo al proyecto. Sin embargo, desde la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Luján (ADUNLu) rechazaron “cualquier proyecto de privatización”.
Y en esa línea se expresó ahora la Izquierda Socialista, espacio que integra el Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad: “Rechazamos el proyecto de urbanización del campo experimental de la UNLu. No a la privatización de la Universidad Nacional de Luján”.
A través de un comunicado, señalaron que “se hizo público el interés de desarrollar un proyecto urbanístico dentro de las líneas del PROCREAR, en el interior del campus de la Universidad Nacional de Luján. Dicho proyecto propone la privatización de una parte de las instalaciones del campo experimental de la Universidad, en el cual se realizan diferentes proyectos de investigación. Contrariamente a lo que se anda diciendo, que el mismo es un espacio ocioso en la UNLu, el campo experimental se utiliza en su totalidad para el cumplimiento de las funciones de docencia, investigación y extensión fundamentales para el desarrollo de conocimiento y la vinculación con la sociedad en su conjunto”.
“El proyecto en cuestión -apuntaron-, avanza en una concreta privatización de la UNLu dado que significa que una Universidad Nacional pública pasará a tener varios propietarios. En el fondo, lo que promueve este proyecto es un cambio radical respecto de la función social que una Universidad Nacional tiene con la sociedad que la sostiene y para la cual debiera trabajar y producir conocimiento”.
Y agregaron que “quienes promueven el presente proyecto, manifiestan abiertamente que el campo experimental no le otorga ningún rédito económico al presupuesto de la Universidad. En la actualidad, aproximadamente más del 90% del presupuesto de la UNLu se destina al pago de sueldos, dejando el restante 10% para su funcionamiento y la financiación de los diferentes proyectos de investigación. En un marco de ajuste presupuestario como el actual, el presente proyecto urbanístico se presenta como un alivio a dicho presupuesto a partir de la venta de su patrimonio, el cual no es ni de la gestión de la UNLu, ni de docentes ni de no docentes, es del conjunto de la sociedad”.
En tanto, recordaron que “la posibilidad del acceso a estos créditos para trabajadores de las universidades ha sido un tema tratado entre cuatro paredes entre el gobierno nacional, los rectores, algunas federaciones docentes y la federación de no docentes en el mes de junio, del que no hay información certera, solo rumores. Diferentes propuestas se están desarrollando en otras universidades (UNLP, entre otras) para quienes poseen terrenos. Pero en ningún caso se propone que se avasalle la autonomía universitaria en favor de la especulación inmobiliaria. Lo cual establece un claro escenario de extorsión y coacción”.
A su vez, cuestionaron que “este proyecto no resuelve el problema de la vivienda. Son sabidas las dificultades existentes en el acceso a la vivienda digna, casi imposible para cualquier trabajador. Los desalojos en Guernica o recientemente en la Villa 31, muestran a las claras de como el Estado aborda y resuelve el problema de la vivienda; como también a través del crédito como el PROCREAR, el cual se vuelve inalcanzable para muchísimos trabajadores dados los miserables salarios que percibimos”.
“Nuestra Universidad ha pasado sus días más oscuros durante su cierre, con pérdidas económicas, educativas, sociales y culturales sumamente significativas. Lo mismo ha ocurrido con la partición del campus para el paso de la arteria que une las rutas nacionales 5 y 7. Una Universidad Nacional debiera poner su capacidad y recursos al desarrollo y mejoramiento de la sociedad en su conjunto, no convertirse en un instrumento más de la especulación inmobiliaria y la satisfacción de intereses personales”, afirmaron.
Y por último, detallaron sus reclamos:
– No a la privatización de la UNLu.
– Rechazamos el ahogo presupuestario de las Universidades Nacionales. Aumento del presupuesto educativo a partir del NO pago de la deuda externa.
– Por la implementación de un Plan de Viviendas que resuelva los verdaderos problemas habitacionales. 60 mil viviendas se podrían haber hecho con el último pago al FMI de 1900 millones de dólares.
– Por una Universidad al servicio de las necesidades del pueblo trabajador, de calidad, laica, con excelencia académica, con acceso irrestricto, democrática, autónoma e independiente de los gobiernos de turno.
