“Volvemos a decir cada vez con más fuerza ¡Nunca Más!”

Con motivo de conmemorarse el 49º aniversario del Golpe de Estado Cívico-Militar, ocurrido el 24 de marzo de 1976, este lunes por la mañana se realizó el tradicional acto en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el cual es organizado por la Comisión de Familiares y Amigos de Detenidos Desaparecidos de Luján.

La actividad, que como todos los años se desarrolló en la Plazoleta de los Derechos Humanos, ubicada en la intersección de avenida Constitución y las calles Doctor Real y Belgrano, contó con la presencia de familiares y amigos de los detenidos desaparecidos en Luján; funcionarios municipales; concejales; dirigentes políticos; referentes de organizaciones sociales, culturales, educativas y barriales y vecinos en general.

En primer lugar, se leyeron los nombres de los 26 lujanenses desaparecidos (Ver más abajo), acompañados cada uno de ellos por la expresión: “¡Presente!”. Y a continuación se dio lectura a un extenso documento especialmente elaborado por la Comisión de Familiares y Amigos de Detenidos Desaparecidos – Luján a 49 años del Golpe de Estado.

El mismo está acompañado por la firma de más de 70 organizaciones políticas, sociales, gremiales, culturales y educativas y repasa los hechos previos, analiza el período de la dictadura y cuestiona el accionar de diversos sectores, entre ellos, del actual Gobierno nacional presidido por Javier Milei.

Y como todos los años, antes del cierre se puso a disposición de todos los presentes un micrófono abierto para que expresen sus sentimientos y pensamientos a 48 años del Golpe de Estado.

El documento

A 49 años del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura cívico militar el 24 de marzo de 1976, volvemos a decir cada vez con más fuerza ¡Nunca Más!

En tiempos donde quienes hoy gobiernan la nación vuelven a negar, incluso a justificar, el plan económico y represivo de la dictadura, es necesario volver a recordar, a pasar por la Memoria, aquel trágico momento de nuestra historia reciente, siendo urgente seguir reparando a través de la Justicia a quienes fueron sus víctimas.

Recordemos que la planificación de la represión comenzó antes del golpe, cuando con el accionar de la Alianza Anticomunista Argentina y sus distintas versiones locales, se comenzó a perseguir, secuestrar y asesinar a militantes, dirigentes políticos, sindicales y sociales, artistas entre tantas y tantos otros.

Con la dictadura, la represión se convirtió en un plan sistemático, en un GENOCIDIO. En un presente donde el negacionismo busca reinstalarse en nuestro país, y en muchos otros países del mundo, tenemos que llamar a las cosas por su nombre. LA DICTADURA FUE GENOCIDA. Esto significa que el Estado, en manos de las Juntas Militares, planificó el exterminio de nuestras compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. Uno de los objetivos de la política genocida fue aniquilar aquella importante fuerza militante y social que se vio expresada en organizaciones del Peronismo Revolucionario, como Montoneros y las Fuerzas Armadas Peronistas; el movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo; la tradición guevarista del Partido Revolucionario de los Trabajadores; y las tradiciones socialistas y comunistas como el Partido Socialista de los Trabajadores, Vanguardia Comunista y el Partido Comunista Revolucionario, entre tantas otras.

Además, la política genocida se propuso destruir las relaciones sociales comunitarias basadas en redes de solidaridad. Como consecuencia se arraigó el miedo en amplios sectores de la población, un miedo que llevó a no involucrarse, un miedo que en muchos casos aún persiste tanto para hablar del ayer como para actuar ante las aberrantes políticas de nuestros días. Si en este presente prima el individualismo y la desarticulación social, si hay lazos sociales que aún están quebrados, es consecuencia de la dictadura. Porque los militares y sus cómplices civiles vinieron a imponer a sangre y fuego un nuevo modelo de país exterminando toda posible resistencia, por eso se autodenominaron Proceso de Reorganización Nacional.

El genocidio también se produjo en nuestra ciudad. Veintiséis compañeras y compañeros que nacieron, militaron, vivieron, y muchos de ellas y ellos fueron secuestrados en Luján, son parte de las y los ¡30.000! ¡Y ESTÁN PRESENTES! ¡AHORA Y SIEMPRE!
Recordemos que el primer secuestro seguido de desaparición en Luján se produjo el 4 de junio de 1976, solo ocho días después de que fuera designado por las autoridades militares el intendente comisionado Silverio Pedro Sallaberry. Él, y su fuerza política local, la Unión Vecinal, fueron los cómplices civiles de la dictadura en nuestra ciudad. Otro de sus hombres, Gerardo Amado, segundo intendente comisionado por la dictadura, aceptó ser rector de la Universidad Nacional de Luján, universidad que fue la única cerrada por la dictadura el 13 de febrero de 1980. Este cierre impidió que durante cuatro años muchos estudiantes pudieran continuar sus estudios en la UNLu, a la vez que se impidió el acceso a la educación universitaria a quienes tenían a nuestra universidad como única opción posible.

Nada de lo sucedido por aquellos años fue un error, nada fue un exceso. Fue un plan sistemático al servicio de los sectores económicos dominantes de nuestro país. La dictadura impuso un proyecto de vaciamiento y endeudamiento que destruyó la industria nacional y favoreció el desarrollo de una economía financiera. Para hacerlo los militares contaron con la complicidad de empresarios que entregaron a dirigentes y obreros de sus fábricas, prestando incluso espacios para la tortura. El objetivo fue desarticular el movimiento de resistencia obrera y toda aquella militancia organizada desde los años ‘60. No olvidemos nunca la complicidad de empresas de capital nacional y extranjero como Ledesma, Ford, Fiat, Mercedes Benz, La Veloz del Norte, Acindar, Dálmine-Siderca, Loma Negra, entre tantas otras.

Las consecuencias de aquel plan económico han transcendido en el tiempo. La desindustrialización, el desempleo, la pobreza y el hambre se intensificaron durante la década del ’90 profundizando las políticas que había iniciado la dictadura llevando a que las y los trabajadores y nuestras familias atravesáramos en 2001 por una de las peores crisis que se vivió en nuestro país. Luego, en 2003, llegaron tiempos de lenta pero sostenida recuperación económica, inclusión social y ampliación de derechos. Pero nuevamente la llegada de los grupos de poder económico al gobierno nacional de la mano de Mauricio Macri primero y del actual presidente Javier Milei, hizo que aquellas políticas se profundizaran con las nuevas características de un capitalismo cada vez más salvaje. Capitalismo, al cual el actual presidente no hace más que ahondar reinstalando el servilismo con los EEUU y los organismos internacionales. Así lo demuestran la habilitación para la instalación de militares estadounidenses en la Hidrovía Paraná-Paraguay, por mencionar un ejemplo, y el endeudamiento externo que no hace más que aumentar llegando a casi el 100% del Producto Bruto Interno de nuestro país, convirtiendo a la Argentina en el país más endeudado de la región. Deuda que después de haber sido votada el miércoles pasado en el Congreso, cuando se aprobó el DNU enviado por Javier Milei, se convierte en una incógnita porque no sabemos a qué condiciones quedará sometido nuestro país.

Y para sostener este proyecto extranjerizante que pone en riesgo la soberanía nacional, el gobierno de Javier Milei recorta políticas en materia de derechos humanos esenciales como la Salud, Educación, Cultura, Géneros, Ambiente y Memoria, entre tantos otros. Política extranjerizante que también se observa en la postura del presidente y su gobierno respecto a las Islas Malvinas, restando importancia a su ocupación desde hace 192 años. Islas que defendieron ex combatientes, que eran conscriptos, en una guerra desigual que decidió la dictadura cívico militar. Ex combatientes que sufrieron el maltratado durante la guerra y el destrato después.

A poco más de un año de este gobierno estamos viviendo, una vez más, el aumento del desempleo, la salud en peligro de miles de personas por la imposibilidad de acceder a medicamentos, la pobreza y la indigencia que no hacen más que crecer, nuestras infancias en las calles tratando de sobrevivir junto a sus madres y padres buscando comida entre la basura y durmiendo en cualquier lugar que pueda servirles de techo. Estas son algunas de las más tristes consecuencias de un plan económico que el gobierno descarada y cruelmente promete profundizar.

Es por todo esto que es tan importante volver a la Memoria. Solo sabiendo que nos ha sucedido, el pueblo trabajador se podrá percibir víctima de la dictadura porque las consecuencias de la misma aún no han terminado en nuestro presente, incluso algunas, como acabamos de decir, han sido profundizadas por gobiernos democráticos que compartieron y comparten lo que fuera su plan económico. Y por eso la defienden, negando y justificando los crímenes que ha cometido.

Recordemos que esos crímenes aún están vigentes. Las ausencias de nuestros compañeros y compañeras permanecen. El silencio de los asesinos y sus cómplices civiles se mantiene hasta nuestros días. Gracias al incansable trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense se han podido recuperar los restos de desaparecidas y desaparecidos, que han sido restituidos a sus familias. Gracias al trabajo de nuestras queridas Abuelas, recuperaron su identidad 139 hijas e hijos nacidos en cautiverio, que fueron robados y apropiados. Pero aún faltan más de 300, por eso hay que doblegar esfuerzos y seguir la lucha. Y el delito también continua vigente porque hay familias que no conocen cual fue el destino de sus hijos, hijas, madres, padres, hermanos, hermanas. Hay nietas y nietos que nunca podrán conocer a sus abuelas y abuelos.

Es por ello que es urgente avanzar en los juicios a los represores. Sabemos que el camino hacia la Justicia para condenar a quienes secuestraron, torturaron y mataron no ha sido fácil. Se inició en 1985 con el Juicio a las Juntas Militares, pero en los años inmediatamente posteriores se sancionaron las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida, paralizando así los juicios y dejando sin condena a los represores. Luego el indulto menemista dejó libres a quienes habían sido condenados en 1985.

Aun así, los organismos de Derechos Humanos siguieron luchando y luchando. Y esa lucha, hizo posible que por decisión política del presidente Néstor Kirchner, se tratara en el Congreso de la Nación el proyecto elaborado por la diputada Patricia Walsh que puso fin a las leyes de impunidad en agosto de 2003, permitiendo la reapertura de los juicios que hoy se siguen sustanciando. Pero necesitamos más celeridad. Porque muchos represores aún están libres, porque es necesario avanzar en causas por delitos que hoy se están juzgando, entre ellos los delitos sexuales que padecieron nuestras compañeras desaparecidas y sobrevivientes. Los juicios también deben extenderse a los cómplices civiles de la dictadura, así como también a aquellos hombres de la jerarquía eclesiástica que avalaron con sus apoyos, y en muchos casos con sus acciones, el plan represivo y la desaparición de personas. Fue Emilio Mignone, hombre de nuestra ciudad, quien supo denunciar tempranamente el rol de la jerarquía eclesiástica a través de una Comisión de Enlace, creada en septiembre de 1976, que sirvió como canal de comunicación con las autoridades militares.

Hoy, algunos hombres de la Iglesia, siguen defendiendo a los represores que han sido condenados. Incluso han mantenido reuniones con diputados de La Libertad Avanza, quienes visitaron en julio del año pasado a condenados por violaciones a los derechos humanos en la cárcel de Ezeiza. Y ya sabemos el rol que viene cumpliendo la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villaruel, quien desde que se reanudaron los juicios a los represores defiende a los genocidas acusados y mantiene contacto con ellos, tal como lo hiciera con Miguel Etchecolatz, quien fuera el director de investigaciones de la policía bonaerense, responsable de los más aberrantes crímenes durante la dictadura y de la desaparición de Julio López en democracia.

Una democracia que ya lleva 41 años. Una democracia que tenemos la obligación de fortalecer quienes militamos en el campo nacional, popular, progresista y de las izquierdas. Tenemos que poder revertir lo que está sucediendo desde diciembre de 2023 cuando Javier Milei, un representante de las nuevas derechas en el mundo, con ideas autoritarias y fascistas, llegó al gobierno de nuestro país a través del voto. Y debemos decirlo compañeras y compañeros. Porque es urgente repensar el rol de las dirigencias y militancias sindicales, políticas, estudiantiles, de género, culturales y por la memoria que pensamos un país, una región y un mundo con inclusión e igualdad social, con plena vigencia y ampliación de los Derechos Humanos. Es clave nuestro rol en estos tiempos nuevamente adversos para las mayorías.

Debemos repensar nuestras prácticas y nuestras acciones para hacer frente a un gobierno nacional que no hace más que aumentar su política antisocial. Política de la cual se jacta, tal como lo hiciera Milei en la apertura de sesiones legislativas el pasado 1° de marzo, al decir que el ajuste recayó sobre el sector público y no sobre el sector privado, al que se le devolvió cerca de 15 puntos del Producto Bruto Interno. Devolución que no hace más que concentrar la riqueza en unos pocos empeorando la vida de las y los trabajadores y sus familias.

Un gobierno nacional que además de su nefasta política económica no hace más que aumentar sus rasgos autoritarios. Desde lo discursivo solo trasmite mensajes de odio, menospreciando, insultando e instigando a la violencia. Paralelamente, crea un nuevo “enemigo interno”, que son todas y todos los opositores, todas y todos los que se organizan para defender sus derechos vulnerados, todas y todos los que resisten ante un plan de ajuste y exclusión. Y la respuesta es la violencia institucional, la represión y el gatillo fácil. Nuestras y nuestros jubilados están siendo reprimidos por la Policía Federal en sus pacificas marchas de cada miércoles, tal como quedó evidenciado en los brutales operativos en los que no solo se golpeó y amenazó a las y los jubilados, sino también a quienes se manifestaron en su apoyo y a la prensa en un claro acto de censura.

A todo esto, sumemos la indiferencia y la falta de políticas para atender situaciones emergentes como las inundaciones en Bahía Blanca. Una foto no es política presidente. Escasos fondos solo son un parche. ¡Se necesitan políticas de Estado, ministerios y dependencias con presupuestos que resuelvan los problemas de la gente! Mientras aumenta la pobreza usted y sus funcionarios guardan la comida que no se entrega a los comedores en un acto de crueldad propio de un gobierno antipopular.

Y ante el mismo reafirmamos nuestro compromiso con los derechos humanos comprometiéndonos a seguir cuidando con Memoria la Democracia en Argentina y en nuestra Latinoamérica. Porque al hacerlo volvemos a traer el proyecto de nuestras y nuestros compañeros que lucharon por una Patria justa, libre y solidaria.

A 49 años del golpe genocida, exigimos ¡Juicio y castigo a los genocidas y sus cómplices civiles! ¡Restitución de la identidad de las nietas y nietos apropiados! ¡Libertad a las presas y presos políticos! ¡Abajo el protocolo antipiquete! ¡No al ajuste! ¡No al negacionismo! ¡Basta de mensajes de odio! ¡Abajo el DNU 70/2023! ¡No al pago de la deuda externa con los recursos de Pueblo!

A 49 años
¡RESISTE LA MEMORIA!
¡SON 30.000 Y ESTÁN PRESENTES!
¡AHORA Y SIEMPRE!