En nombre del déficit cero, la Argentina asiste a un ajuste brutal que amenaza con llevarse puestas no solo las cuentas públicas, sino también las bases mínimas de una convivencia social digna.

El gobierno de Javier Milei ha avanzado con una “motosierra” sin distinción ni sensibilidad, y los efectos ya se sienten con crudeza en los sectores más vulnerables: jubilados, personas con discapacidad, y quienes dependen del sistema público de salud para vivir.

El relato oficial celebra la caída de la inflación y el superávit fiscal, pero omite deliberadamente el precio que se está pagando por esos logros.

No hay épica en una política que achica el Estado a costa del hambre de los mayores, la angustia de los enfermos o la exclusión de miles que necesitan asistencia para subsistir.
Los jubilados, cuya mayoría no alcanza ni a la canasta básica, ven licuadas sus pensiones por la inflación y la falta de actualización a la que fueron sometidos por el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Muchos deben elegir entre medicamentos o comida.

En paralelo, los recortes en salud afectan directamente a las personas con discapacidad, cuyos traslados, tratamientos y prestaciones esenciales se han interrumpido o suspendido en múltiples provincias.

Lo mismo ocurre con la entrega de medicamentos de alto costo y programas de atención para enfermedades crónicas, muchos de ellos paralizados o desfinanciados.

El ajuste es necesario, pero no puede ser ciego ni inhumano. No se puede edificar un país sobre las espaldas de quienes ya han dado todo. Y mucho menos en un contexto donde los grandes grupos económicos, beneficiados por desregulaciones y reformas regresivas, no son llamados a aportar ni un centímetro de esfuerzo.

Argentina necesita responsabilidad fiscal, sí. Pero también necesita justicia social, equidad y sentido común. Gobernar con números sin mirar a las personas es un camino directo hacia la fragmentación social y el conflicto permanente.

La motosierra no puede ser el único instrumento. Hay que recuperar el bisturí: ajustar donde hay privilegios, no donde hay derechos. Lo contrario no es eficiencia, es crueldad. Y gobernar con crueldad no puede ser el destino de ningún país que pretenda llamarse democrático.

Claro que no queremos pensiones por discapacidad para punteros políticos ni planes sociales administrados por los “gerentes de la pobreza”. Pero tampoco queremos abandonar a los más vulnerables.

Por eso, en este contexto, cada órgano legislativo, nacional, provincial y municipal, debe convertirse en el contrapeso que garantice un límite humano al ajuste. Se necesita una mayoría de legisladores que no voten en automático lo que pide el Ejecutivo, sino que se planten con sensibilidad, firmeza y responsabilidad.

El voto legislativo se vuelve clave: necesitamos representantes que no sean cómplices de la motosierra, que apoyen el ajuste, pero defiendan y propongan una Argentina donde el ajuste no arrase con los que menos tienen.

(*) Por Daniel Curci Castro, Referente de Espacio Abierto, concejal mandato cumplido, Ingeniero Agrónomo y exgerente de empresas alimenticias (La Foresta, Quickfood, Frigorífico Bolívar y Frigorífico Vera).

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