El interbloque Juntos por el Cambio presentó un proyecto de comunicación para solicitar información sobre “la aparición del arquitecto Gustavo Córdoba en actividades oficiales del Departamento Ejecutivo, así como la mención de su nombre como la persona a quien el intendente Leonardo Boto habría asignado algunas tareas especiales, también de carácter oficial”, señalaron.
En esa línea, apuntaron que “la situación de incompatibilidad de intereses no cesa por el hecho de que el arquitecto Córdoba –alto funcionario de la Cooperativa Eléctrica– no ocupe un cargo en la estructura municipal, ni porque no perciba una renta por parte de la Municipalidad, ni porque no tenga designación alguna de ninguna naturaleza, sino que está configurada por la visible influencia que ejerce en decisiones y acciones del gobierno comunal del intendente Leonardo Boto”.
Al respecto, el presidente del interbloque opositor, Fernando Casset, explicó que “supimos hoy (por ayer) que el intendente inició un expediente para designar a Córdoba como ‘asesor ad honorem’. Entonces, nos parece importante señalar que la incompatibilidad no está dada porque cobre o no sueldo, sino porque hay un conflicto de intereses entre su cargo en la Cooperativa Eléctrica y su rol (rentado o no) en la Municipalidad”.
El proyecto
En el marco de este cuestionamiento por parte de la oposición, en el proyecto de comunicación solicitan en su Artículo 1° que el Departamento Ejecutivo informe al Concejo Deliberante “en qué carácter desde el 11 de diciembre de 2019 el arquitecto Gustavo Córdoba ha asistido a dependencias municipales, supervisado tareas del personal comunal, impartido instrucciones a trabajadores del Municipio, participado de reuniones del intendente Leonardo Boto con funcionarios nacionales e intervenido en la relación del gobierno local con los sindicatos que representan a los trabajadores de la Comuna”.
Y conmina al Ejecutivo que “en forma inmediata haga cesar cualquier intervención o ejercicio de influencia del arquitecto Gustavo Córdoba en decisiones o acciones de la Municipalidad de Luján, debido a su condición de personal jerárquico de la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos Lujanense Limitada, y a la notoria incompatibilidad de intereses entre ambas condiciones.
En los considerandos, los ediles recuerdan que “el 28 de noviembre de 2019, en su condición de intendente electo y al anunciar la composición de su Gabinete, el actual jefe comunal informó que el arquitecto Gustavo Córdoba sería designado como secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Luján a partir del 10 de diciembre de 2019. Sorpresivamente, el día antes de asumir la nueva gestión municipal, se hizo público que Córdoba no formaría parte del gobierno local, y que su lugar sería ocupado por el arquitecto Carlos Saraceno. Y únicamente se hizo mención, sin demasiados detalles, a una ‘incompatibilidad de funciones’ que afectaba al arquitecto Gustavo Córdoba”.
Y agregan que “tal situación estaba claramente configurada por el hecho de que Córdoba ocupa un cargo de conducción, como personal jerárquico, en la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos Lujanense Limitada, lo cual es de público conocimiento y hasta comunicado por esa empresa en sus informes de Memoria y Balance anuales”.
A su vez, remarcan que “la Cooperativa Eléctrica es, sin dudas, la principal prestadora de servicios y realizadora de obras contratada por la Municipalidad de Luján” y “en tales procesos de selección, por la naturaleza de los servicios y las obras contratadas, interviene la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, ya sea en la elaboración de las bases y condiciones de la contratación y en la evaluación de las eventuales ofertas, como en el control de la ejecución de los trabajos adjudicados y en la autorización de los pagos correspondientes. Y siendo secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos quien también ocupa un cargo jerárquico en la prestadora, la incompatibilidad resulta flagrante, con graves riesgos para la preservación de los intereses públicos de la Municipalidad de Luján”.
Por otra parte, los ediles manifiestan que “trabajadores municipales de distintas áreas afirman que es asidua la presencia del citado profesional en diferentes dependencias, sobre todo en el Taller N° 1, y que incluso con frecuencia supervisa trabajos públicos e imparte instrucciones al personal de la Comuna”.
Y añaden que “este comportamiento suele ocurrir, por ejemplo, en el área de Servicios Sanitarios, en la que la Cooperativa Eléctrica tiene intereses directos, pues es la prestadora contratada para la provisión de agua potable en la localidad de Torres y para el mantenimiento de diferentes bombas de aguas y cloacas; y porque nunca ha ocultado su pretensión de hacerse cargo de ese servicio –junto con el de la explotación de la red cloacal– en todo el Partido de Luján”.
Además, apuntan que “con fecha 3 de enero de 2020 la propia oficina de Prensa municipal emitió un comunicado informando que el intendente Leonardo Boto había mantenido una reunión con el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, pudiendo observarse en la fotografía de ilustración que en ese encuentro estuvo presente el arquitecto Gustavo Córdoba, sin que se difundiera en qué carácter estaba allí”.
Por último, según indican los ediles, “en estos últimos días incluso distintos dirigentes sindicales de los trabajadores municipales han denunciado que fueron llamados telefónicamente por Córdoba, quien habría manifestado –no siempre con buenos modos– que intervenía a solicitud del intendente Leonardo Boto, buscando una solución al conflicto generado por la propia gestión local por su incumplimiento con los aumentos salariales comprometidos al personal comunal”.
