Trabajadoras y trabajadores de la Universidad Nacional de Luján nucleados en la Asociación de Trabajadores de la UNLu (ATUNLu), se manifestaron este jueves en la Plaza Colón, en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso de la Nación.
Los trabajadores Nodocentes se expresaron contra el anunciado veto presidencial, en el marco de una medida de fuerza dispuesta por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN).
Con un festival artístico hicieron visible el reclamo, en la previa de la Marcha Federal Universitaria del 2 de octubre, que realizará el Frente Sindical de Universidades Nacionales, en coordinación con estudiantes y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
“Venimos acá a defender a la institución que permite el ascenso social de los hijos de los trabajadores”, afirmó Daniel Villa, adjunto de ATUNLu. Y señaló también que “la UNLu es la mayor y mejor fábrica de la ciudad: da trabajo a quienes viven y gastan acá”.
“Este gobierno siniestro y sin corazón aprieta a los trabajadores y jubilados y beneficia a los más ricos, seguiremos luchando porque el 70 por ciento de nuestros compañeros está bajo la línea de pobreza y el pueblo en la calle va a revertir esta situación”, enfatizó por su parte el secretario general Juan Ramos.
Frente a la Municipalidad, se escuchó fuerte el grito “Universidad de los trabajadores”. En ese maco, la protesta Nodocente recibió la solidaridad del intendente Leonardo Boto, concejales y dirigentes políticos, así como de diversos sindicatos.
Ley de Financiamiento de las Universidades
El Senado Nacional aprobó recientemente la Ley de Financiamiento Universitario en una votación en general que obtuvo 57 votos a favor, 10 negativos y una abstención. A pesar de la trascendencia de esta decisión para el Sistema Universitario Nacional, y de haberse alcanzado con los dos tercios de los votos, el Gobierno adelantó que vetará la Ley aprobada, “para no comprometer el superávit fiscal”.
La ley estipula una recomposición de los salarios del personal docente y nodocente desde el 1 de diciembre de 2023 y hasta la sanción del proyecto, con lo que se estima para “el ejercicio vigente un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI”.
Además, la norma impone actualizar los créditos presupuestarios destinados a cubrir los gastos de funcionamiento de las casas de estudio -al inicio del ejercicio 2024- por la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2023 y luego, de manera bimestral, ajustar vía inflación previo descuento de los aumentos ya otorgados en lo que va del año.
De hecho, el proyecto especifica que si una paritaria mejora la normativa a sancionarse, la misma prevalecerá sobre cualquier otra cosa.
