Desde el 20 de septiembre hay incendios en el Basural y al pasar los días el humo afecta a más vecinos y más barrios. Frente a esta problemática, concejales de la oposición presentaron una denuncia ante la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente para que “se investigue la posible comisión de delitos contra la Municipalidad por flagrante violación a las normativas municipal, provincial, nacional e internacional”.

Tal como viene informando LUJANHOY, desde el 20 de septiembre hay incendios en el Basural y al pasar los días el humo afecta a más vecinos y más barrios. Y este domingo, habitantes del bloque de barrios Los Santos volvieron a denunciar que “está más de la mitad de la Quema incendiada y los pibes muy comprometidos”. Y agregaron: “Arde La Quema y estamos todos los vecinos tapados de humo”

En el marco de esta grave problemática, los concejales de la oposición a través del edil Nicolás Capelli y con el patrocinio legal del doctor Brian Vega, presentaron una denuncia ante la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA).

En el petitorio, solicitan que se tenga por formulada la denuncia penal contra el Municipio “por la probable comisión de delitos, se investigue la misma conforme los hechos relatados y la prueba acompañada y se tengan presentes las pruebas acompañadas y los medios de prueba sugeridos”.

En primer lugar, sostienen que “en cumplimiento de nuestros deberes de funcionarios públicos y haciendo uso de las facultades conferidas, vengo a interponer la presente denuncia para que se investigue la posible comisión de delitos contra la Municipalidad del Partido de Luján por flagrante violación a la normativa receptada en el orden interno (municipal, provincial y nacional), así como también en el plano internacional, en materia de salud y medioambiente”.

En esa línea, explican que “en la comunidad del Partido de Luján vivimos en medio de un grave peligro, producto de la falta de políticas firmes y concretas respecto del tratamiento y la separación de residuos, que se acumulan en forma indiscriminada en un Basural Municipal a cielo abierto”.

Y agregan que “esta situación trae consigo dos efectos perjudiciales, por un lado al provocarse incendios intencionales de los residuos existentes, se vuelca sobre los canales de tránsito vehicular una cierta cantidad de humo que hace imposible la visibilidad y por consiguiente resulta sumamente peligroso. En segundo término, al encontrarse el basural en las inmediaciones de un barrio residencial, se producen múltiples enfermedades para las personas que allí habitan (en su mayoría niños). Los cuadros más comunes son broncoespasmo, bronquitis y reacciones alérgicas como manchas en la piel; secuelas de la inhalación del humo proveniente de la quema de basura”.

Además de presentar pruebas fotografías y audiovisuales, manifiestan que “según un informe elaborado por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, el Basural que aquí se denuncia “se encuentra entre los 10 (de un total de 74 basurales) de mayor extensión y se ubica octavo entre los partidos que más
toneladas de basura generan”.

A su vez, puntualizan la violación de una serie de “normativas internacionales, nacionales y provinciales respecto del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”.

“El deber de preservar el ambiente corresponde al Estado, pero alcanza también a los particulares. Ante el daño ambiental surge, prioritariamente, la obligación de recomponer. La Nación debe dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos respecto de la
protección del ambiente; pero las Provincias deben dictar la legislación complementaria”. señalan.

Al respecto, exponen que “la Ley de Medio Ambiente N° 11.723 (publicada el 22 de diciembre de 1995) establece que el Estado Provincial garantiza a todos los habitantes de Buenos Aires el derecho a gozar de un ambiente sano y adecuado para el desarrollo armónico de la persona; al igual que la posibilidad de solicitar a las autoridades la
adopción de medidas para que se garantice el derecho al ambiente sano y adecuado, o a denunciar su incumplimiento”.

En otro ámbito de cuestiones, detallan que “el artículo 9 establece el objetivo de erradicar la práctica del arrojo en basurales a cielo abierto e impedir el establecimiento de nuevos basurales a cielo abierto en las jurisdicciones de los municipios. Asimismo, se expresa que: “las autoridades municipales quedan obligadas a clausurar dichos basurales, conforme los principios de la Ley Nacional 25.675 y la Ley Provincial 11.723, así como la reglamentación de la presente. Queda prohibida la quema a cielo abierto o cualquier sistema de tratamiento no autorizado por la Autoridad Ambiental Provincial”.

En el ámbito local, manifiestan que “en 1995 se firmó un convenio entre el CEAMSE y la Municipalidad de Luján sobre la disposición final de residuos. Acuerdo que el Honorable Concejo Deliberante convalidó dos años después mediante la Ordenanza 3651”. Y añaden que mediante la Ordenanza 3661, se dispuso el “inmediato cierre del Basural Municipal y la correspondiente parquización del predio donde está ubicado, una vez puesto en funcionamiento el convenio aprobado por la Ordenanza N.º 3651”.

Sin embargo, aclaran que “estas acciones no concluyeron en el cierre definitivo del Basural; motivo por el cual resulta necesario establecer una legislación coherente que permita avanzar en una solución integral que contemple la situación de las familias afectadas por el funcionamiento del Basural, ya que según informes de la Municipalidad de Luján existen alrededor de 50 familias que realizan trabajos informales en el basural”.

Por su parte, con fecha 16 de marzo de 2016, y a través de la Ordenanza 6614, se declaró el Estado de Emergencia Sanitaria y Ambiental por el plazo de 180 días, “motivado por la severa problemática causada por el funcionamiento del Basural Municipal a cielo abierto ubicado en la ruta Provincial N° 192, y sus consecuencias tanto para la salud de la población de los barrios aledaños como para el medio ambiente. Sin haber llevado a cabo políticas públicas que resuelven el problema”, recuerdan en la denuncia.

Por último, remarcan que “así las cosas, entendemos que es el Estado el que debe velar por la integridad física de todos los ciudadanos de Luján; y si así no lo fuera los Organismos respetuosos e interesados en la promoción y defensa de los Derechos Humanos deben interceder a los efectos de que se respeten los derechos y garantías de todos los ciudadanos”.